El 10 de noviembre de 2023 se publicó oficialmente el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Para aquello, se designa al programa de Derechos Humanos como órgano ejecutor y se crea un comité de seguimiento y participación.
Se trata de una herramienta fundamental y un hito histórico para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia que han perseguido por más de 50 años las familias víctimas de la dictadura de Pinochet. El objetivo es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero.
En la práctica, se contará con tres procedimientos: reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final; avanzar en el establecimiento de verdad judicial y extrajudicial, responsabilidades criminales en torno a la comisión de crímenes asociados a la desaparición forzada de personas en dictadura y ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las víctimas.
Sin embargo y lamentablemente, no sólo detenidos de la dictadura han sido víctimas de desaparición, sino que existen casos criminales no clarificados hasta el día de hoy, que ponen en cuestionamiento las deficiencias en el proceso investigativo que realizan las policías y el Ministerio Público. Uno de estos casos emblemáticos es el caso Harex, que a la fecha aún no tiene una resolución respecto a la desaparición y paradero de la víctima.
El senador Karim Bianchi propuso vía oficio al ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, que dicho caso fuera incluido en el Plan Nacional de Búsqueda, fundamentando que “es un caso de desaparición forzada en donde se encuentran involucrados agentes del Estado y de la Iglesia Católica, ocurrido con fecha 20 de octubre de 2001, estando en democracia, es decir, este es el único caso de desaparición de un menor de edad en democracia y en la comuna de Punta Arenas”.
Dicha inclusión, excepcional toda vez que el plan se implementó sólo para personas desaparecidas entre las fechas mencionadas, permitiría una mejor búsqueda de Ricardo en los distintos lugares donde puede estar enterrado de acuerdo a presunciones y declaraciones de investigación de la causa, con mayor inyección de recursos para este fin.
Según comentó el senador Bianchi, la petición ha sido bien tomada por el ministro Cordero y dijo que estarían buscando la forma para su implementación legal, toda vez que el caso está fuera de las fechas estipuladas en el plan. “Es un decreto que hay que realizar, entonces tiene ciertas formalidades. Pero de que va, va”, aseguró Bianchi tras sus conversaciones con el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL.
