El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dio a conocer recientemente la sentencia contra un individuo acusado por la Fiscalía como responsable de un grave ataque ocurrido el 14 de agosto del año pasado en la ciudad de Puerto Natales. Tras un proceso judicial en el que se acreditaron los hechos y la participación del imputado, el tribunal resolvió imponerle una condena que totaliza 26 años de privación efectiva de libertad, al ser declarado culpable de femicidio frustrado y violación consumada.
De acuerdo con lo establecido en el veredicto, el sujeto deberá cumplir 13 años de cárcel por el delito de femicidio frustrado y otros 13 años adicionales por la violación, penas que se ejecutarán de manera efectiva y sin beneficios alternativos. La resolución refleja la gravedad de los hechos investigados, los cuales fueron acreditados en juicio mediante pruebas testimoniales, periciales y médicas que permitieron reconstruir el ataque sufrido por la víctima y confirmar la responsabilidad penal del acusado.
El tribunal también dispuso que el condenado sea incorporado al Registro Nacional de Condenados con la determinación de su huella genética, medida contemplada en la normativa vigente para delincuentes responsables de delitos sexuales y de alta gravedad. Este registro permite reforzar los mecanismos de identificación y prevención en casos futuros, aportando un elemento adicional de control y seguimiento por parte de las autoridades competentes.
La Fiscalía valoró la sentencia, considerando que responde a la gravedad de la violencia ejercida contra la víctima y al riesgo vital al que fue expuesta. Además, resaltó que el fallo envía una señal clara respecto de la necesidad de sancionar con firmeza los delitos de género, especialmente aquellos enmarcados en contextos de violencia extrema.
Con este dictamen, se cierra una etapa judicial relevante para la víctima y su entorno, quienes han sido acompañados desde el inicio del proceso por equipos especializados. La causa se suma a los esfuerzos institucionales por visibilizar y perseguir penalmente la violencia contra las mujeres, reafirmando el compromiso de los organismos de justicia para avanzar hacia una mayor protección y reparación en casos de agresiones graves.
