El juez de Garantía de Porvenir, Pablo Aceituno, acogió la medida precautoria que solicitó el Consejo de Defensa del Estado, y retuvo a la empresa Nova Austral casi 7 mil millones de pesos, en el marco de la querella que el organismo estatal presentó en contra de la firma, con funcionamiento comercial en la capital de Tierra del Fuego.
Sobre esto último, la empresa interpuso un recurso de reposición pero como el magistrado mantuvo la medida, el tema lo tendrá que zanjar la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
La querella lleva la firma de Paula González Cáceres, abogado procurador fiscal (s) Punta Arenas, del Consejo de Defensa del Estado, por el fisco de Chile. Y está dirigida en contra de Arturo Schofield Muga, gerente de Producción Agua Mar de la empresa Nova Austral; Drago Covacich McKay, ex gerente regional Magallanes; Nicos Nicolaides, ex gerente general de la empresa; Rigoberto Garrido Arriagada, jefe de área; Isaac OllivetBesson Osorio, jefe de Area de la empresa Nova Austral; “y en contra de todos quienes resulten responsables”, por fraude en el pago de subvenciones de la Ley Navarino, una disposición que establece un régimen preferencial aduanero y tributario a las empresas asentadas, por ejemplo, en Tierra del Fuego, “con el propósito de incentivar el desarrollo económico de la Región de Magallanes”.
Pueden ser empresas de actividades productivas industriales, mineras, de explotación de las riquezas del mar o de servicios (transporte y turismo), las que deben incorporar, a lo menos, un 25% en mano de obra e insumos de la zona preferencial.
Fraude
La querella, de 28 páginas, aborda los requisitos esenciales que se deben cumplir para tener derecho a las franquicias de esta ley, como que Nova Austral, “en el desarrollo de su proceso productivo efectúe un uso racional de los recursos naturales, tendiente a la preservación de la naturaleza y del medio ambiente”.
En tal sentido, el Consejo de Defensa del Estado denuncia que entre los años 2016 a 2019, esta empresa “ha proporcionado información falsa a Sernapesca en relación a la mortandad, siembra, cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva de cosecha de salmones y por ende de desechos, causando una condición anaeróbica del lecho marino en sus centros de cultivo, con la consecuente afectación de la naturaleza y medioambiente, situación que, a mayor abundamiento y como muestra clara del dolo en el actuar, intentó ocultar mediante la alteración del fondo marino mediante depósitos de toneladas de arena”.
También se acusa a Nova Austral de adulterar su volumen de producción, “sea con un subreporte de siembra o un sobrerreporte de cosecha contabilizando especímenes que no correspondía dentro del volumen de venta”.
De esta manera, entre los años 2016 a 2019 la firma “obtuvo del fisco de Chile bonificaciones por Ley Navarino a las que no tenía derecho por no haber cumplido el imperativo legal de preservación de la naturaleza y del medio ambiente y, por volúmenes de venta adulterados que comprenden peces que no procedía fueran bonificados, ascendentes a la cantidad de $59.580.971.043 (cincuenta y nueve mil quinientos ochenta millones, novecientos setenta y un mil cuarenta y tres pesos)”.
Entre las numerosas diligencias solicitadas a la Fiscalía, figuran la petición de informes al Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería, además que se instruya a la PDI, investigar con orden amplia, el estado patrimonial de la empresa Nova Austral y de los querellados, desde el año 2015 a la fecha.
Por La Prensa Austral
