Cerca de 2.400 personas dedicadas a la pesca artesanal demandaron a la Compañía Siderúrgica Huachipato por el derrame de 40 mil litros de petróleo diésel y casi 8.000 metros cúbicos de tierra en las costas de Isla Guarello.
Acusan que el hecho produjo consecuencias que afectaron a sus actividades laborales y solicitan una indemnización de 10 millones de pesos por conceptos de daño moral.
Hechos
La Isla Guarello se ubica en el Archipiélago Madre de Dios, a 250 kilómetros al noroeste de Puerto Natales. Desde 1951, Huachipato extrae minerales de sus tierras y los traslada a su planta siderúrgica en Talcahuano.
El desastre medioambiental ocurrió el 19 de abril de 2019. Una mala manipulación en las faenas de llenado de combustible provocó que casi 40 mil litros de hidrocarburos terminasen en el mar.
La contaminación de las aguas patagónicas devino en un amplio despliegue institucional. Concurrieron al sitio de los hechos la Armada, la Fuerza Aérea, la Superintendencia del Medioambiente y Sernageomin. En paralelo, se inició una causa penal en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales y un proceso en el Tercer Tribunal Ambiental.
Demanda
El caso sumó una nueva arista el miércoles. Ese día 2.426 pescadores interpusieron una demanda ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por infracción a la Ley de Navegación.
Los demandantes se dedican en su mayoría a la pesca artesanal y a la extracción de especies en la zona afectada. Reclaman que “al derramarse el diésel al mar se generó una grave alteración al ecosistema del lugar, afectándose la biota marina, como mariscos y peces, columna de masas de agua y sedimientos”.
El listado también incluye a miembros del pueblo kawésqar afincados en Puerto Edén, Isla Wellington. Según los demandantes, el daño moral en contra de ellos se acredita por su relación con el área afectada.
“La zona es parte del hábitat del pueblo kawésqar, quienes en el pasado como cazadores recolectores marinos habitaron y habitan desde el sur del Golfo de Penas hasta el estrecho de Magallanes”, dice la demanda.
Los abogados patrocinantes solicitan que cada demandante sea indemnizado en 10 millones de pesos “por las molestias y sufrimientos soportados, al comprender que su única fuente de trabajo y de subsistencia se encuentra gravemente dañada producto de la contaminación, o bien por su pertenencia cultural y vinculación ancestral con la zona afectada”.
La demanda fue ingresada al tribunal de alzada de Punta Arenas, pero los patrocinantes solicitan que se tramite en algún Juzgado de Letras de Talcahuano.
