Otro de los puntos de tensión fue la decisión del Ejecutivo de tramitar con discusión inmediata. Desde la oposición cuestionaron que la Cámara disponga de un plazo acotado para revisar la iniciativa. “El proyecto no puede ser discutido en dos o tres días”, dijo la diputada Gael Yeomans (FA).
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, enfrenta en la Cámara de Diputadas y Diputados una nueva etapa de negociación para sacar adelante el proyecto de Sala Cuna Universal. La iniciativa, que este martes comenzó su segundo trámite constitucional en la Comisión de Trabajo, aterrizó en la Cámara con uno de sus principales pilares pendientes de resolución. Se trata del mecanismo para financiar el Fondo de Sala Cuna, que fue rechazado en primer trámite.
El Senado aprobó la creación del fondo y avanzó en materias como el copago y la ampliación del derecho, pero rechazó por falta de quórum la fórmula propuesta por el Ejecutivo para financiarlo mediante una cotización de 0,35% de cargo del empleador, compensada con una reducción equivalente de la cotización destinada al Seguro de Cesantía. El Gobierno resolvió insistir con ese mecanismo en la Cámara, por lo que Rau deberá ahora conseguir los votos para reponer una norma que no logró sortear la Cámara Alta.
La tarea se vuelve especialmente relevante porque la iniciativa se tramita con discusión inmediata, lo que acota los tiempos de debate, y porque el Ejecutivo necesita construir acuerdos con sectores que ya han planteado reparos. Entre ellos está el Partido de la Gente (PDG), bancada que el ministro ha buscado acercar durante los últimos días y cuyos votos aparecen como relevantes para la tramitación del proyecto.
El PDG ha manifestado su respaldo a la idea de avanzar con Sala Cuna Universal, pero ha condicionado su apoyo a cambios en el diseño de la iniciativa. Sus principales preocupaciones apuntan a la sostenibilidad del financiamiento, la existencia de un techo al copago que deberán asumir las familias y la disponibilidad de oferta de salas cuna en regiones.
La bancada también ha pedido conocer antecedentes técnicos y proyecciones actuariales que permitan determinar el impacto del mecanismo en el mediano y largo plazo, condiciones que complican las pretensiones del Gobierno, ya que parlamentarios del PDG han cerrado la puerta a que el financiamiento implique reducir los aportes del Seguro de Cesantía.
En ese escenario, este martes la Comisión de Trabajo de la Cámara comenzó formalmente la discusión del proyecto, con Rau exponiendo sus principales pilares.
Previo a la sesión, el ministro señaló que el Ejecutivo buscará ser “más persuasivo con la oposición” para demostrar que se trata de una iniciativa sostenible, que busca eliminar una barrera histórica para la participación laboral femenina y ampliar el acceso a cuidados para miles de niños.
Rau también confirmó que insistirá en el mecanismo de financiamiento rechazado por el Senado. Según explicó, actualmente no existen recursos alternativos para financiar el Fondo de Sala Cuna y sostuvo que la fórmula propuesta por el Ejecutivo no comprometería la sostenibilidad del Seguro de Cesantía, de acuerdo con los antecedentes entregados por la Superintendencia de Pensiones.
“Estamos muy abiertos al diálogo en la medida que podamos concitar puntos de encuentro y estamos dispuestos a seguir conversando”, afirmó.
Los nudos que deberá destrabar Rau
Uno de los primeros puntos de tensión durante la sesión fue precisamente la decisión del Ejecutivo de tramitar el proyecto con discusión inmediata. Desde la oposición cuestionaron que la Cámara disponga de un plazo acotado para revisar una iniciativa que recién inicia su recorrido en la Corporación.
La diputada del Frente Amplio Gael Yeomans sostuvo que, si bien “la idea no es partir de cero”, es necesario comprender que el proyecto no puede ser discutido “en dos o tres días”.
“Me parece que no es razonable. La idea es tener un proyecto de ley que se haga cargo del empleo, y para eso, al menos como está, con copago, con el financiamiento existente, incluso con la gradualidad que tiene el proyecto, no va a tener las consecuencias de creación de empleo inmediatas que se está señalando en la discusión. No es dilatar, sino construir un buen acuerdo que permita que el proyecto de ley salga con las modificaciones necesarias”, puntualizó.
Frente a estos cuestionamientos, Rau manifestó disposición a renovar la urgencia para permitir una etapa de audiencias, aunque insistió en la necesidad de avanzar en la tramitación. El objetivo del Ejecutivo es que el proyecto sea despachado por el Congreso a más tardar en enero.
En paralelo, el ministro puso sobre la mesa otro de los argumentos del Gobierno: el aumento de los costos de contratación producto del incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y los siete puntos porcentuales adicionales de cotización asociados a la reforma previsional.
Sobre el financiamiento, Rau reiteró que la compensación con el Seguro de Cesantía no afectaría la sostenibilidad del sistema, según los antecedentes de la Superintendencia de Pensiones.
“Es importante centrarnos en lo que estamos de acuerdo. (…) Ya hemos tenido tres proyectos fallidos. Pasó también con la reforma de pensiones, con dos proyectos fallidos de la Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera. Entonces sería muy importante para el país que avancemos en esto”, sostuvo.
Desde la oposición, en tanto, el diputado Héctor Ulloa (PPD) planteó que existe un diagnóstico compartido respecto de la necesidad de avanzar con la iniciativa, pero que los principales problemas están identificados.
“Obviamente tenemos que ver la eventual afectación al Seguro de Cesantía. Nos parece adecuado escuchar a la Superintendencia de Pensiones, a la Suseso, ver que efectivamente este fondo con un porcentaje menor destinado a las prestaciones propias del desempleo siga pagando como corresponde. Naturalmente tenemos que chequear ese antecedente”, subrayó.
Ulloa también coincidió en la necesidad de revisar el copago, advirtiendo que este podría transformarse en una barrera de entrada para las familias que, aun teniendo reconocido el derecho, no puedan asumir la diferencia entre el aporte del fondo y el costo de la sala cuna.
La llave del PDG
Ese será precisamente otro de los frentes de negociación para Rau. Desde el PDG, la diputada Tamara Ramírez sostuvo que el objetivo es evitar que la universalidad del beneficio quede solo en el papel.
“En materia de financiamiento hemos pedido al Ejecutivo antecedentes técnicos y proyecciones que nos permitan saber cómo se sostendrá el fondo a 5, 10 o 15 años. No queremos aprobar una fórmula que mañana termine debilitando otros mecanismos de protección de los trabajadores o que genere un problema de financiamiento futuro”, afirmó.
Respecto del copago, agregó que buscarán establecer límites y resguardos para evitar que una familia quede fuera del sistema por no poder asumir la diferencia. “La fórmula específica todavía debe trabajarse técnicamente con el Ejecutivo”, dijo a El Mostrador.
El tercer eje planteado por el PDG es territorial. Ramírez pidió incorporar mecanismos concretos para fortalecer la oferta en regiones, provincias y comunas donde actualmente existen déficits de cobertura.
Asimismo, la también diputada de la colectividad, Zandra Parisi, hizo un llamado a dar certezas de que el proyecto efectivamente ayudará a resolver la crisis laboral, y pidió no ser “irresponsables” en la tramitación de la iniciativa frente al mecanismo de financiamiento propuesto por el Ejecutivo.
“A uno le gustaría que no se tocara absolutamente nada (…). Yo lo que estoy es esperanzada de que el Gobierno busque otra solución. Es difícil, es muy difícil; es mucho el dinero que se requiere”, dijo.
En esa línea, emplazó a La Moneda a tomar medidas respecto al uso de los recursos, por ejemplo, mediante una baja en las remuneraciones de los funcionarios públicos.
“Yo esperaría que una de las primeras medidas que haga el Gobierno sea que bajen los sueldos de 6 millones para arriba, incluyendo los alcaldes. Mire, esta cosa es así: cuando uno tiene una empresa y la empresa está en crisis, los primeros que se bajan el sueldo para poder solventar esa crisis son los socios. Acá el Gobierno tiene muchos socios, tiene muchos directorios, muchos ministros y asesores; que se bajen los sueldos aquellas personas que ganan más de 6 millones. Es que, si no, no podrán hacerlo y lo que están haciendo es una ilusión a la sociedad. Eso no corresponde“, señaló en entrevista con T13.
Con todo, desde la oposición también han insistido en buscar alternativas de financiamiento que no impliquen reducir los aportes al Seguro de Cesantía.
“Creo que debemos avanzar en Sala Cuna, pero el Gobierno tiene que presentar alternativas con cifras, cuánto puede asumir el Estado de manera permanente y cuánto pueden aportar los empleadores sin rebajar la protección frente al desempleo. También hay que evitar que, si el aporte del fondo no cubre el costo real, la diferencia termine pagándola la familia. Ese punto es especialmente sensible en regiones como Los Lagos, donde el valor y la disponibilidad de salas cuna varían mucho entre comunas”, reiteró el diputado Héctor Ulloa.
