Las defensas de ocho -todos de nacionalidad extranjera- de los 12 sujetos imputados y enviados a prisión por su vinculación a una banda transnacional dedicada al contrabando de cigarrillos, recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones, en contra de la resolución firmada por el juez de Garantía, Ricardo Herrera, que dispuso la medida de prisión en la cárcel para todos ellos, tal cual lo solicitó en audiencia el fiscal Felipe Aguirre.
Los abogados defensores penales públicos que representan a los imputados amparados, son Fernando Martínez, Ramón Bórquez y Rodrigo Lillo, quienes acusan que la medida de prisión preventiva recaída en contra de sus representados, constituye un acto ilegal y arbitrario. En su reemplazo, se pide dejar sin efecto la prisión preventiva disponiendo se apliquen en su lugar otras medidas cautelares de menor intensidad.
Cabe recordar que en una maratónica audiencia que se extendió por 13 horas, el pasado lunes 20 de noviembre, se formalizaron a un total de 21 personas, de las cuales 12 fueron enviadas a prisión, mientras que las 9 restantes quedaron sujetas a otras medidas cautelares.
Durante la audiencia, los defensores que recurrieron de amparo, recurrieron que existieran antecedentes que dieran cuenta de una asociación criminal, por cuanto no se encuentra demostrado que todos los imputados tengan asignado un rol, que exista jerarquía, deberes y obligaciones, etc. Por otra parte, y en relación a los imputados formalizados además por lavado de activos, se alegó que no existían antecedentes serios respecto de este delito.
También los abogados hicieron hincapié sobre el arraigo que tenían los imputados, en cuanto a la familia, trabajo y situación migratoria. Alegan que el juez no se pronunció sobre ninguno de estos hechos, ni siquiera hizo ninguna alusión formal a los argumentos que los tres defensores expusieron de manera extensa durante la referida audiencia, para oponerse a que se dictara la prisión preventiva de sus representados.
En consideración a tales argumentos, plantean que el magistrado “ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al dictar la resolución de fecha 20 de noviembre de 2023 que impuso la prisión preventiva en contra de los imputados”, y con ello, señalan “se ha configurado una privación del derecho de libertad personal de tales representados”.
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL.
