La ministra de Medio Ambiente analiza las acciones que está teniendo la cartera para destrabar inversiones. La secretaria de Estado concuerda con reemplazar el Comité de Ministros por un organismo colegiado que revise las reclamaciones de los proyectos de inversión.
-Uno de los ejes del megaproyecto es la reducción de plazos de invalidación de permisos sectoriales de 2 años a 6 meses. ¿Qué se busca lograr con esto?
-Los permisos sectoriales son actos administrativos que actualmente pueden ser invalidados en un plazo de dos años desde que se dictan, lo cual genera mucha incertidumbre. Lo que se busca es acotar ese plazo temporal para que una potencial invalidación -ya sea solicitada por terceros o ejercida de oficio por las autoridades- tenga un límite más breve. Esto busca dar mayor certeza a los inversionistas y permitir una ejecución de proyectos más oportuna.
-La judicialización es uno de los mayores problemas para los inversionistas. ¿Tienen pensado hacer ajustes al Tribunal Ambiental?
-Hay muchos plazos (en la evaluación ambiental) que están completamente excedidos de los plazos legales tanto en la reclamación administrativa como en la parte judicial. En la arista administrativa, el Comité de Ministros se va a citar al menos una vez al mes, o sea estaremos frecuentemente revisando la cartera de proyectos que tienen reclamaciones, y no estar cada dos o tres meses tratando de cuadrar las agendas (de los secretarios de Estado).
Se están haciendo ajustes internos para que, una vez que el Comité de Ministros resuelva las reclamaciones, la publicación se publique en un plazo máximo de 15 días hábiles, hasta el año pasado tomaba en promedio seis meses la publicación.
Queremos ingresar en el segundo semestre un proyecto de ley que reforma el Tribunal Ambiental, para hacernos cargo de los plazos. Los tribunales ambientales tienen desafíos en la parte de los nombramientos -donde participan Servicio Civil, Corte Suprema, Presidente y Senado-, lo que hace que el proceso sea largo. Pero también nos interesa revisar qué podemos hacer para agilizar los plazos asociados a las tramitaciones de las causas.
-Durante la administración, el Comité de Ministros ya ha destrabado cerca de US$3.018 millones en inversión en cinco proyectos. ¿Ve la voluntad para destrabar toda la cartera de iniciativas con reclamaciones?
-La señal que estamos dando es de agilizar las distintas gestiones que tengamos. El mandato que tenemos (de citar al Comité de Ministros y resolver las reclamaciones) es para asegurarnos de reducir el stock de reclamaciones que están pendientes. Hay proyectos que llevan más de 200 días en espera, totalmente excedidos de plazo.
-Me imagino que no será destrabar por destrabar…
-El foco está en agilizar; hacer ajustes de procesos internos, reforzamiento equipos o hacer ajuste legal para perfeccionar un proceso que esté engorroso. Es decir, que los servicios públicos se pronuncien en los plazos que le corresponden y se pronuncien en la materia que les corresponde.
-Ustedes también han propuesto agilizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). ¿Cómo va esta misión?
-Estamos haciendo un buen trabajo con el nuevo director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Sin grandes cambios, se pueden reducir etapas y tener muchas ganancias de tiempo. También, cuando el SEA solicita oficios a los distintos servicios públicos no responden en plazo, pero nosotros estamos diciendo que tienen que responder en un máximo de 15 días hábiles y, sino se recibe el documento, el organismo técnico resuelve.
-Esta administración le dio discusión inmediata al proyecto de ley que modifica al SEIA, el cual tiene como eje la eliminación del Comité de Ministros y la creación de un órgano colegiado. ¿Ustedes piensan hacerle ajustes a esta iniciativa?
-Tras la discusión en el Senado salieron buenas propuestas de este proyecto. Existe un consenso de que debe existir un órgano colegiado que revise las reclamaciones, más allá del nombre que tendrá la figura o quiénes lo van a componer.
-¿Entonces ustedes apoyan la eliminación del Comité de Ministros?
–Concordamos con la idea de que debe existir un organismo colegiado que revise las reclamaciones de los proyectos de inversión.
-En las últimas semanas se ha visto una cadena de ingresos de proyectos con altos montos de inversión. ¿Están estudiando alguna formula para que estos proyectos se concreten?
-Esta cifra récord que tuvimos en los proyectos de inversión ingresados a trámite ambiental en el primer mes de gobierno es una señal de que vamos a hacer gestión. Estamos cumpliendo lo que veníamos diciendo desde antes de asumir; vamos a hacer todo el esfuerzo de cumplir los plazos, aquí hay un cambio notorio en la forma de trabajar y eso es una señal clara para los inversionistas que ingresen iniciativas, para que sepan que se van a evaluar los proyectos de inversión respetando todas las normas ambientales, pero con una tramitación rápida.
-Es importante lo que señala sobre agilizar tramitación ambiental, pero respetando normas ambientales…
-Lo que nosotros estamos haciendo es volver a posicionar el desarrollo sustentable, que implica equilibrar tanto desarrollo social, desarrollo económico y protección del medioambiente.
No basta con decir que hay un compromiso con la agenda ambiental, sino que debe traducirse en gestión. Y, esta implica cumplir los plazos. Aquí no solo hay inversionistas interesados en cómo se resuelven las evaluaciones de los proyectos, sino también comunidades y distintos actores que participan del proceso y que necesitan tener claridad y certeza sobre cómo avanza.
-¿Cómo se busca dar equilibrio a temáticas sociales con agilizar procesos en proyectos de inversión?
-Estamos asegurándonos que no se produzcan atrasos, de acercarnos lo máximo posible a los plazos legales. Uno pone el foco en los titulares porque son quienes presentan los proyectos, pero aquí hay instancias de participación ciudadana o de consulta indígena. Cuando tú te aseguras de cumplir los plazos, al final también estás asegurándote que todos quienes participan y que tienen algún interés en cómo se resuelve esto, pueden tener respuestas a tiempo.
-¿Y, cómo podrían enfrentar el tema de la consulta indígena, donde hay casos que se extiende por años?
-Es algo que vamos a revisar sobre qué cosas se están alargando y cómo podemos hacer ajustes para cumplir con plazos legales.
-El Presidente ocupó su última “bala de plata” para designar al nuevo director del SBAP. ¿Qué ruta buscan darle a esta institucionalidad que ha sido apuntada como un posible nuevo eje de la permisología?
-El hecho de que el Presidente haya decidido usar una bala de plata en este servicio, que recién se está instalando, es una señal muy potente del compromiso con que este servicio lo instalemos y funcione bien.
A fines del año pasado el proceso de consulta pública de sitios prioritarios generó mucha incertidumbre. Llegamos y suspendimos el proceso porque nos encontramos con 10.000 observaciones (del sector privado y particulares). Estamos revisando estas observaciones para poder tener una continuidad de este proceso de forma responsable y transparente para que no genere el nivel de ruido e incertezas que se abrió el año pasado.
-¿Cómo están siguiendo esto?
-Hemos planteado nuestro apoyo a una moción del diputado Moreno que dispone que estos sitios prioritarios se designen, pero a través de un reglamento que defina los mecanismos para que esto ocurra.
La administración anterior definió que fueran 99 sitios, pero podrían haber sido 120 u 85. Eso abre un espacio de incertidumbre. Es necesario vincular expresamente este proceso al reglamento, para ordenarlo, porque de lo contrario se va a mantener una situación de judicialización por mucho tiempo.
-¿Y, la Ley SBAP piensan ajustarla?
-El servicio está recién operando desde febrero. Entonces, ahora estamos viendo la operatividad de la ley, pero sí detectamos cosas que haya que perfeccionar para cumplir el objetivo de que servicio funcione bien lo vamos a evaluar y corregir.
