El fiscal Xavier Armendáriz formalizó el miércoles pasado al alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), como autor de presuntos delitos consumados de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco en la compra y venta de insumos médicos al mando de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Tras su presentación en el 3er Juzgado de Garantía de Santiago, tomó la palabra la fiscal que lidera la investigación, Giovanna Herrera, quien solicitó a la jueza Paulina Moya que aplique la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde así como para el secretario ejecutivo de Achifarp y hombre de confianza de Jadue, Matías Muñoz Becerra.
Para fundamentar su petición, expuso parte de los antecedentes, testimonios y pruebas que recogió el Ministerio Público en tres años de investigación contra el alcalde Jadue.
Set de fotografías. Sobre la denuncia de cohecho que pesa sobre el acalde, la fiscal exhibió una serie de fotografías de Jadue reunido en su oficina en el municipio con César Ramírez, el vendedor de la proveedora de insumos médicos Best Quality SPA.
En una autodenuncia, respaldada por otros testimonios y conversaciones de whatsapp de empleados de la empresa, Ramírez señala que para cerrar una venta a Achifarp, Jadue le pidió un bono extra en insumos médicos.
Fiscalía ordenó un peritaje al celular del denunciante que demostró que las fotografías pertenecían al 1 de julio de 2020, día en que se produjo la reunión donde se pidió el supuesto soborno.
Según otra serie de fotografías, los productos fueron entregados en la sede del Partido Comunista de Recoleta. Las imágenes muestran las oficinas del partido llenas con un centenar de bidones de alcohol gel, cajas con mascarillas y pecheras, avaluadas en $20 millones.
La fiscal señaló que en una inspección reciente a esa sede del PC, aún quedaban algunos bidones de alcohol gel.
Sobre la acusación de estafa se señala que Jadue ocultó la mala situación económica que enfrentaba Achifarp para suscribir el contrato con Best Quality por $1.384 millones, de los cuales la asociación sólo pagó $300 millones.
Administración desleal. La fiscal sostuvo que el punto principal de la formalización es el delito de administración desleal.
Indicó que Jadue se adjudicó atribuciones que no tenía, que tuvo un manejo abusivo y que afectó el patrimonio de Achifarp, organización que creó el 2016 y al que llegaron a integrar más de 90 municipios, antes de que se pidiera su liquidación forzosa.
Acompaña el testimonio de varios alcaldes que integraron el directorio, entre ellos Germán Codina de Puente Alto, Carlos Cuadrado de Huechuraba y Jorge Sharp de Valparaíso, todos coincidieron en que Jadue y su equipo tomaban las decisiones de manera inconsulta, sin informar a la Asociación.
De hecho la fiscal señaló que el alcalde omitió informar las deudas que sumaba su gestión -las que se estiman en más de $1.000 millones con proveedoras- y los diversos juicios civiles en su contra que comenzó a enfrentar en 2021 por incumplimiento de contratos, cheques protestados y morosidad. Esto, advirtió, en momentos que Jadue levantaba su campaña como candidato presidencial.
Varios municipios consideraron que los productos de Achifarp eran caros y comenzaron a salirse de la asociación.
Productos vencidos. La fiscal planteó que la asociación, cuyo fin era agrupar a todas las farmacias comunales para conseguir mejores precios de medicamentos a través de la economía de escala, nunca cumplió el propósito para el cual fue creada.
De hecho, no pudo comerciar medicamentos por lo que se dedicó al rubro de los insumos médicos. Sin embargo, estos eran adquiridos por Jadue sin una demanda concreta de los municipios.
Por ello ocurrieron situaciones como la compra de glucómetros a la empresa cubana BioCuba Farma por US$321 mil.
Sin embargo, al no tener compradores -y debido a las restricciones de la legislación sobre compras públicas- los productos fueron acumulados en bodegas.
Finalmente se vencieron las cintas reactivas y los productos terminaron en un vertedero.
En el expediente está la declaración de funcionarios que viajaron a Cuba -que sabían que no podían venderse los productos- y fotografías del camión que transportó los productos vencidos.
Sin consulta a la asociación y sin que estuviera contemplado en los estatutos, Jadue arrendó en diciembre de 2020 un local en calle Los Leones en Providencia para crear una farmacia que vendiera insumos directamente al público en general, la que funcionó entre octubre de 2021 y mayo de 2022. El costo total de arriendo fue de $100 millones más otro monto para remodelaciones.
Testimonios de trabajadores a Fiscalía relatan que en la farmacia tenían instrucción de vender los productos vencidos.
Según una trabajadora “yo estaba presente cuando a Daniel Jadue le dijeron que los productos estaban vencidos y él dijo que vendiéramos nomás”.
Así, se vendían los glucómetros y cintas reactivas vencidas.
Fraude al fisco. Según el relato de la Fiscalía, Jadue tuvo un manejo abusivo de la Achifarp, organismo que logró congregar a más de 90 municipios y que enfrenta diversas demandas civiles de proveedores por deudas y cheques protestados.
Como una forma de hacer frente a las deudas de la asociación, se indicó, el alcalde incurrió en al menos tres delitos de fraude al fisco “engañando” al Concejo Municipal de Recoleta para que traspasara fondos al organismo. Uno de ellos apuntó al acuerdo suscrito entre Achifarp y la Universidad de Concepción en junio de 2020 para el ensayo clínico y fabricación del medicamento Interferón Alfa Humano para el combate al Covid-19. Jadue comprometió financiar con $229 millones el proyecto para fabricar 183 mil dosis del medicamento.
Sin embargo el Instituto de Salud Pública no autorizó a la universidad para fabricar el medicamento y sólo les permitió la construcción de un laboratorio.
“Durante el concejo de abril 2021, Jadue a sabiendas que el proyecto no contaba con autorización para fabricar Interferón entregó información falsa al Concejo Municipal para otorgar aporte extraordinario afirmando que se habían entregado todos los permisos para producir Interferón”.
El municipio traspasó “bajo engaño”, $204 millones a Achifarp, pero los dineros nunca llegaron a la universidad y se utilizaron para pagar gastos y deudas de la asociación.
Ex Ante
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL.
