Incluye 30 proyectos, entre ellos «una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado».
Si en la megarreforma «nos tomamos cuatro meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes», afirmó.
Un día después de haber concluido la tramitación de su megarreforma tributaria en el Congreso, el Presidente José Antonio Kast dio a conocer, en cadena nacional de radio y televisión, la «Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)» que impulsará su Gobierno a continuación.
En un discurso de poco más de 15 minutos, y tras valorar el despacho de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social -que calificó como «un paso gigantesco hacia un mejor futuro»-, el Mandatario presentó una batería de ejes y medidas en el ámbito de la seguridad pública; área que reafirmó como uno de los pilares de su Administración.
«El crecimiento no tiene sentido si una madre no puede caminar tranquila por la calle sin temor a que la asalten. Vivir sin miedo es un derecho humano y es una de las primeras, y más importantes obligaciones, que tiene cualquier Estado», señaló, antes de advertir que «la amenaza más grave que enfrenta Chile crece dentro de nuestra Patria», y es la delincuencia y la criminalidad desatada.
La indicada Agenda, continuó Kast, «marcará un antes y un después» y mostrará a un Ejecutivo «implacable», sin «excusas ni treguas».
«Son más de 30 proyectos –algunos ya en el Congreso- que corresponden a mociones parlamentarias y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile«, prometió el Mandatario, que resaltó como avance fundamental el impulso de «una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado».
Una vez aprobada ésta, «por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Y será un mandato que ningún Gobierno, de ningún color, podrá desconocer», explicó.
«Perseguir, capturar, juzgar y condenar»
El Presidente explicó que la treintena de iniciativas se organizará en torno a cuatro objetivos generales: «Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad».
Lo detalló de la siguiente manera:
- Primero, perseguir sin descanso: Vamos a mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje y tecnología en cada uno de ellos.
Nuestras siete áreas de gestión no persiguen delitos aislados: persiguen organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero. Vamos a perseguir a los que dirigen una banda, a sus ayudantes, encubridores, cómplices y testaferros, uno por uno. Nadie se va a esconder detrás de un menor de edad, de un abogado o de un domicilio falso. - Segundo, capturar sin excusas: Vamos a ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, para que la policía tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables.
Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile.
Vamos a identificar y perseguir a los prófugos de la justicia que llevan mucho tiempo al margen de la ley.
Y vamos a seguir reforzando el control de nuestras fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente, para que nadie entre a Chile por donde no corresponde. - Tercero, juzgar con todo el peso de la ley: El carabinero, el policía, gendarme o integrante de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, defendiendo su vida o la de un tercero, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente.
Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle ilegalmente podrá ser un delito.
Quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes. - Cuarto, condenar sin beneficios: Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen.
Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas.
El narcotraficante que sigue dando órdenes desde la cárcel se va a someter a un régimen penitenciario especial que se lo impida.
Los bienes del crimen organizado van a ser decomisados y destruidos por una nueva agencia del Estado, sin excusas ni demoras.
«He instruido al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante esta Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el menor tiempo posible. Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía (la megarreforma) nos tomamos cuatro meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes», señaló Kast.
