Un nuevo antecedente salió a la luz en el caso de la colusión de la centolla en la Región de Magallanes. Se trata de una interceptación telefónica del 12 de noviembre de 2021, incorporada en el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde ejecutivos de empresas procesadoras conversan directamente sobre los precios de compra del recurso a los pescadores artesanales.
En el registro, según reveló El Mercurio, figuran los intercambios entre Fernando Ossa, gerente general de Bahía Chilota, y un ejecutivo de Proyecta Corp, quienes abordan los valores que estaban pagando por centolla en distintos puntos de la región.
-Fernando Ossa (Bahía Chilota): «¿A cuánto estái? (…)».
-Ejecutivo de Proyecta: «Sí, mira, yo por Natales he pagado 13 lucas, por Punta Arenas 13.6, 13.8 fue lo máximo que pagué esta semana. Pero me tiene preocupado por la semana siguiente, porque en el fondo, ya andan los rumores de que en zona de pesca está a 13.500, h…n. Yo no sé. ¿Tú en cuánto estai, h…n.?».
-Fernando Ossa: «P…a, yo estoy en 14 hoy día (…). Hablé con Edmundo Díaz que es de las Torres del Paine (PMPW), me dijo ‘nosotros estamos en 13′. Entonces, p…a, ya hay 400 pesos de diferencia en el intertanto, ¿cachái?, no sé quién dice la verdad. El armador me dice 13 lucas y el pescador dice 13.400, h…n, ¿a quién le creí? (…)».
-Ejecutivo de Proyecta: «Nosotros le preguntamos a Otero (ejecutivo de International Seafood) en cuánto andaba, po’ h…n. El h…n dijo que el barco le había reportado que estaba a 12.8 en el agua, en este momento, pero que ya se estaba…que había h…nes que ya…».
-Fernando Ossa: «Que es mentiroso, el h…n llegó ayer con la lancha, y venía subiendo a 13.200».
Según la FNE, este diálogo consta de la coordinación entre competidores para fijar precios de compra, en un esquema que operó entre 2012 y 2021.
Indignación en el Congreso
Desde Magallanes, los parlamentarios de esa región reaccionaron con dureza.
El diputado Christian Matheson (ind) declaró a Emol que «resulta impresentable que durante una década, estas empresas se hayan coordinado para obtener un rédito económico, en desmedro del trabajo que realizan los pescadores artesanales de la región, no sólo bajando el precio de compra, sino también coludirse para contener el alza del precio de este recurso, compartiendo entre sus ejecutivos información estratégica».
Por eso, espera que las multas que se apliquen a las empresas vinculadas a esta colusión «vayan en directo beneficio de quienes se han visto afectados, que en este caso son los pescadores artesanales, que durante años han visto mermados sus ingresos por esta coordinación desleal por parte de la industria».
A su vez, el diputado Carlos Bianchi (ind), por su parte, expresó en redes sociales que «duele conocer la colusión de la centolla! que comerciantes inescrupulosos obtengan utilidades millonarias, burlen el sistema y los instrumentos de excepción, y donde el Estado tiene una responsabilidad en esta materia».
Y agregó: «Es una burla para los pescadores artesanales que día a día hacen un trabajo sufrido en lugares de alto riesgo para extraerlas».
El senador Karin Bianchi (ind) también se sumó por sus redes sociales y reprochó que «se coludieron para perjudicar a los pescadores artesanales, manejar los precios y utilizar beneficios tributarios».
La acusación de la FNE
La Fiscalía Nacional Económica llevó el caso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando a siete empresas y ocho de sus ejecutivos de haberse coludido durante casi una década. El esquema operaba con un objetivo claro: «fijar los precios de compra de la centolla que extraen los pescadores artesanales en la Región de Magallanes», permitiendo a las compañías aumentar artificialmente su poder de compra.
La colusión se ejecutaba de forma continua a lo largo de las temporadas extractivas (julio a noviembre), con reuniones presenciales, llamadas telefónicas y uso de mensajería como WhatsApp.
La coordinación incluía la definición del precio inicial de compra cada temporada, valor que servía de base para los ajustes posteriores. Ejemplos incluidos en la acusación detallan que: En 2013, un ejecutivo de Bakkavör reportó que el gerente de Proyecta propuso un precio inicial de $1.600.
En 2020, en plena pandemia, las empresas acordaron iniciar con un valor más bajo, cercano a $3.000, lo que generó reclamos de los pescadores por romper la tendencia de alzas anuales.
En 2021, un ejecutivo de Cabo Froward recriminó a ELDAP por los precios, señalando: «Notros hemos tratado de mantener el precio abajo como siempre lo hemos conversado».
Las empresas involucradas
De acuerdo con la FNE, las compañías acusadas representan entre el 81% y el 88% de las compras de centolla viva en Magallanes entre 2017 y 2021.
Las procesadoras requeridas son:
-Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A. (ELDAP) -International Seafood S.A. (International Seafood) -Pesquera Cabo Froward Limitada (Cabo Froward) -Productos Marinos Puerto Williams Limitada (PMPW) -Proyecta Corp S.A. (Proyecta) -Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Compañía Limitada (Bahía Chilota) -Bakkavör Chile S.A. (Bakkavör)
La colusión fue destapada gracias a la delación compensada de Bakkavör y dos de sus ejecutivos, Mónica Cárdenas y Rodrigo Allimant, en agosto de 2020. Por su colaboración, quedaron exentos de multa y responsabilidad penal.
Sanciones solicitadas
La FNE pide al TDLC aplicar multas por más de $51.870 millones a las seis empresas restantes y casi $424 millones a los ejecutivos involucrados. La autoridad económica considera que se trata de un «acuerdo colusorio único y continuo», solicitando sanciones severas dada la gravedad, extensión del ilícito y el poder de mercado de las firmas.
Reacciones desde el Gobierno
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, condenó los hechos y señaló que «la colusión en el mercado de la centolla no solo vulnera la libre competencia, sino que golpea directamente a los pescadores artesanales de Magallanes, que dependen de esta actividad para sostener a sus familias». Agregó que «es inaceptable que empresas se coordinen por años para fijar precios y maximizar sus ganancias, afectando el precio justo a los pescadores artesanales que son los que efectivamente realizan el esfuerzo pesquero de este recurso». Salas precisó que «en Magallanes hoy hay 857 embarcaciones inscritas con el recurso centolla, cada año están trabajando alrededor de 400 de ellas -con cuatro o cinco tripulantes cada una- siendo al menos 2000 familias las afectadas anualmente».
Fuente: Emol.com
