Los ministros Quiroz y Alvarado confirmaron la presentación de tres vetos presidenciales para eliminar elementos introducidos por la oposición durante el trámite.
Alcaldes de centroizquierda hablaron de «día negro» tras el respaldo del Senado a la «injusta» fórmula para compensar la exención de contribuciones.
El Gobierno de José Antonio Kast dejó atrás el bochorno legislativo de hace dos semanas y celebró este martes por la noche el despacho definitivo de la ley de Reactivación Económica y Fomento del Empleo desde la Sala del Senado.
Tras la aprobación del informe de la comisión mixta, toda la derecha más el voto del senador opositor Pedro Araya (PPD) sumaron una mayoría de 27 votos que ratificó el último nudo pendiente: el polémico esquema de compensación a las municipalidades por la exención de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores.
Entre abrazos de felicitaciones y selfies en el hemiciclo, el gabinete catalogó el fin del trámite parlamentario como un hito estratégico para la inversión.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que, «con esta ley, que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer; Chile vuelve a abrir las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso. Volvemos a abrir las puertas a la expectativa de desarrollo personal, familiar; a la expectativa de mayores posibilidades de empleo para jóvenes, para adultos, hombres, mujeres, jefes de hogar».
«Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara, y después de esta iniciativa vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento (…) Es un día de optimismo, de mucha alegría, pero mañana seguimos trabajando porque el trabajo que hay por delante es arduo, pero siempre por Chile», agregó el jefe de las finanzas públicas, agradeciendo la disposición transversal de los legisladores.
«Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara», afirmó Quiroz. Foto: ATON
Compensación a municipios y anuncio de vetos presidenciales
El mecanismo aprobado establece que cada municipalidad recibirá del Fisco el 100% de lo que dejen de pagar sus adultos mayores, financiado a través de fondos generales de la nación a contar de 2027.
El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, relevó que «esta reforma tan importante para el país culmina de manera exitosa y con la tranquilidad para los 344 municipios del país en orden a que la compensación por la exención de contribuciones que se inicia el 2027 sea del 100%«.
«Sabíamos que había un grupo importante en número de alcaldes que no querían esta compensación, pero el Gobierno queda tranquilo porque, a partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes de nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional, vivan donde vivan, bajo la comuna en que estén, van a recibir esos recursos, no obstante sus alcaldes no lo querían. Nosotros pensamos en las personas, pensamos en la gente y queremos que el desarrollo de sus comunas se mantenga, por eso compensamos al 100%», aseveró la autoridad.
Sin embargo, el triunfo oficialista no estuvo exento de ajustes de última hora. El propio ministro Quiroz confirmó que este miércoles el Ejecutivo ingresará tres vetos presidenciales para corregir aspectos técnicos aprobados durante el debate: las indicaciones sobre anatocismo, olvido financiero y la exención al pago a 30 días.
«Las tres son iniciativas que suenan bien pero traen malas consecuencias y por eso las estamos vetando», argumentó.
En esa misma línea, Alvarado puntualizó que «hay un trámite administrativo que en este minuto está desarrollando el ministro (José) García (de la Segpres) para dar cuenta del oficio a la Cámara de Diputados y poder ingresar los vetos respectivos el día de mañana».
A partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes de nuestro país (…) van a recibir esos recursos», garantizó Alvarado. Foto: ATON
Oposición acusa «día negro»
La satisfacción del Ejecutivo contrastó marcadamente con la frustración de la centroizquierda. Desde las tribunas de la Sala, alcaldes opositores cuestionan que la fórmula compensatoria de 190 millones de dólares termine asignando mayores montos a los municipios de mayores ingresos.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (Partido Socialista), calificó la jornada como «un día negro para el municipalismo, para las comunas, pero sobre todo para nuestros vecinos y vecinas».
«El Estado hoy día, bajo la propuesta del Gobierno, está compensando a las comunas ricas en cerca de 30.000 millones de pesos, mientras que en comunas como la nuestra, en Cerro Navia son 5 millones, en San Ramón 3 millones, en Lo Espejo 4 millones y en Quinta Normal 50 millones… Esa es la injusticia que hoy día hemos puesto sobre el debate, pero sobre todo hoy día la necesidad de además abrir una necesaria reflexión, diálogo y debate sobre cómo el Estado trata de manera desigual a los ciudadanos y ciudadanas según la comuna en la que se nace«, reclamó.
Desde la derecha, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (independiente), rebatió las críticas sosteniendo que «hoy ganó Chile, porque ningún municipio va a quedarse con menos recursos».
A su vez, enfatizó el esfuerzo recaudador de su zona: «Se ha hablado bastante de los 13.000 millones que se tienen que compensar a Las Condes, pero me faltó escuchar cuánto entregan los vecinos de nuestra comuna al Fondo Común Municipal. Son 350.000 millones de pesos los que aportan los vecinos de la comuna de Las Condes al fondo común municipal«.
Reservas de constitucionalidad
A la par del malestar comunal, la senadora Claudia Pascual (Partido Comunista) formalizó dos reservas de constitucionalidad.
«Estamos haciendo (la primera) reserva de constitucionalidad respecto al artículo 35 numeral 3, que tanto su inciso quinto como sexto incorporan un artículo 36 nuevo bis que infringe los artículos 118, 119 y 122 de la Constitución, puesto que lo que hace es generar nuevas condiciones para el traspaso de los recursos cumpliendo metas que están fuera de la naturaleza de lo mismo», explicó la legisladora.
«La segunda reserva», continuó Pascual, «tiene que ver con quitarles la autonomía a los municipios en materia de la generación y la definición de sus propios recursos municipales: no solo se administran los recursos, sino que también se generan las definiciones de cómo cobrar, a quién condonar, a quién, cuándo cobrar, etcétera, y, al ser traspasado totalmente el cobro a la Tesorería General de la República, indudablemente eso ya no queda en el ámbito de los municipios, sino que queda en el Fisco centralmente; por lo tanto, es política central».
