“El tema principal de las torturas e interrogatorios de los que fui objeto, era la búsqueda de armas. Los agentes interrogadores insistían constante y repetidamente en la afirmación de que poseíamos armas, las que según ellos se encontrarían escondidas en alguno de los domicilios de los dirigentes de la Izquierda Cristiana”. Lo anterior corresponde a parte del extenso relato entregado por el sociólogo Manuel Luis Rodríguez Uribe al Tribunal para defender su demanda indemnizatoria de perjuicios, al igual como lo hicieron otros 20 ex presos políticos magallánicos.
“Como efecto de las torturas con electricidad, se me desarrolló hasta la actualidad una taquicardia”, acotó Rodríguez.
Cuatro años transcurrieron desde que en abril de 2017, un grupo de 21 ex presos políticos, todos domiciliados en Punta Arenas, demandó al Estado de Chile en 200 millones de pesos cada uno a título de compensación económica, luego de haber vivido los horrores de la tortura durante su paso por cuarteles militares, centros de detención de la zona, la prisión en isla Dawson, durante el Golpe de Estado, tras lo cual varios terminaron relegados en otras localidades del país y algunos de ellos exiliados en Europa.
El 26 de agosto de 2019, el juez del Tercer Juzgado de Letras, Javier Toledo, acogió la demanda, ordenando al fisco a pagar la suma de 100 millones de pesos respecto de cada uno de ellos. Notificado el fallo, el abogado procurador fiscal de Punta Arenas, Dagoberto Reinuava, solicitó derechamente excluir de la demanda a César Guelet Vera, Eduardo Leiva Pérez, Teófilo Alonso Alonso y Carlos Jaramillo Freyhofer, por cuanto en su caso regiría la excepción conocida como “cosa juzgada”, luego de que ellos ya habían recurrido en 2008 a los tribunales, sin embargo en aquella oportunidad su demanda fue rechazada, al declararse prescrita la acción. El recurso de casación fue resuelto por la Corte de Apelaciones el 30 de marzo de 2020, que confirmó la sentencia del juez de primera instancia. No obstante, con el fin de poner pronto término a este litigio, el 27 de marzo de 2020, la misma Corte aprobó una transacción entre las partes y el Consejo de Defensa del Estado, consistente en el pago de la suma única de 90 millones de pesos, respecto de 14 de los demandantes, evitando así con ello que la causa llegue ante la Corte Suprema.
Esta transacción se aplicó respecto de Eduardo Ojeda Alvarez, Gustavo Hernández Gallardo, Héctor Rubio Castro, Luis Sirón Alvarez, Manuel Rodríguez Uribe, Marco Barticevic Sapunar, Oscar Mayorga Paredes, Mario Galetovic Sapunar, Tomás Austín Millán, William Bedwell López, Bernardo Sirón Alvarez, Mario Muñoz Pardón, Rodolfo Mansilla Taboada y Juan Villegas Ruiz.
Este acuerdo no rigió para los restantes siete demandantes: César Guelet, Eduardo Leiva, Teófilo Alonso, Carlos Jaramillo, José Mancilla Bravo, Carlos Ovando Cárdenas y Ulises Melgarejo Villalobos, respecto de los cuales la causa siguió vigente, por cuanto el abogado demandante Oscar Gibbons decidió recurrir a la Corte Suprema, cuyo pronunciamiento se conoció el 9 de noviembre de 2020, revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en aquella parte que rechaza la excepción de “cosa juzgada” invocada por el fisco de Chile, negando por ende la demanda civil de indemnización de perjuicios respecto de César Guelet, Eduardo Leiva, Téofilo Alonso y Carlos Jaramillo, y de paso desestimó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el fisco de Chile, contra la misma sentencia, la que, respecto de los demandantes José Mancilla Bravo, Carlos Ovando Cárdenas y Ulises Melgarejo Villolobos, no es nula.
Cumplimiento
de la sentencia
Este 10 de agosto, como corolario del cúmplase de la sentencia, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, decretó que la Tesorería Regional de Magallanes pague la suma total de 308.756.205 pesos a los tres últimos demandantes, Mancilla Bravo, Ovando Cárdenas y Melgarejo Villalobos, o a quien o quienes sus derechos representen, a razón de 102.918.735 pesos a cada uno.
Respecto de los otros 14 demandantes, el 23 de octubre de 2020, el mismo subsecretario de Justicia y luego de recepcionar el decreto del Ministerio de Hacienda que validó la transacción a la que arribaron las partes involucradas en el juicio, resolvió dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, por la suma de $1.260.000.000, de modo que la Tesorería Regional de Magallanes pague a cada uno de ellos, la suma única de 90 millones de pesos.
