Controversia generó el caso de un hombre de 81 años que ayer completó su tercera aparición en tribunales durante la presente semana.
El octogenario imputado no entiende que no puede acercarse a su ex esposa. Nada descarta que pudiera estar afectado por un eventual cuadro psiquiátrico o pérdida de la memoria.
Este lunes la mujer lo denunció a Carabineros, porque teniendo una prohibición de acercamiento volvió a su hogar. El martes la Fiscalía lo formalizó por desacato y se reiteró la prohibición de acercamiento a la víctima.
El miércoles reapareció en tribunales. Esta vez el magistrado Ricardo Larenas ordenó que fuera ingresado de inmediato al Eleam de calle Hornillas, bajo apercibimiento.
Sin embargo la disposición judicial no se cumplió porque el establecimiento de larga estadía está copado. La capacidad máxima es de 70 personas. Y más encima en estos momentos existe un brote de Covid.
Bajo esas circunstancias el hombre fue enviado a un albergue para personas en situación de calle. No duró mucho porque entró en conflicto con los demás internos. Comenzó a decir que le habían robado 400 mil pesos, siendo que ingresó sin dinero. Pedía que le devolvieran su plata y expresa no entender dónde estaba.
Así que se fue del albergue y horas después volvió a su domicilio. Otra vez llamaron a Carabineros y el desacato lo devolvió ayer en la mañana al tribunal.
Inimputabilidad
El defensor, Leonardo Vallejos, pidió la suspensión del procedimiento por una eventual inimputabilidad del octogenario. Podría sufrir un deterioro cognitivo así que pidió una evaluación al Servicio Médico Legal.
Esta vez el juez, Ricardo Larenas, hizo comparecer en la audiencia a Paula García Medina, encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Defensa de la Defensoría Penal Pública; al encargado regional del Servicio del Adulto Mayor, Alejandro Espinoza y a Sandra Alvarado Miranda, profesional de apoyo del mismo servicio.
Aunque cada uno explicó las gestiones realizadas en su ámbito, la resolución judicial no se cumplió, porque el magistrado fue claro en señalar que el Senama tenía que hacerse cargo de ubicar al imputado en el Eleam.
El hombre presentaría problemas de memoria. Y a principios de agosto se coordinó una hora médica en el consultorio Mateo Bencur pero no asistió.
“Y acá está Dalmiro nuevamente”, dijo Paula García.
“No podemos ingresarlo al Eleam, porque está copado”, aseveró Sandra Alvarado. Por eso hicieron gestiones con Desarrollo Social para brindarle cobijo en un albergue. “Pero necesita una evaluación médica. Se requiere una asistencia hospitalaria”.
La molestia del fiscal
El fiscal Oliver Rammsy reaccionó molesto frente a lo señalado por los profesionales. “Me parece que están dejando en absoluta indefensión a una persona adulta, siendo que es su labor. No es decir no tenemos cupo. La preocupación nuestra es la víctima, pero acá hay una persona que requiere auxilio. Genera un peligro para la víctima y para él mismo”.
Dijo que existe una responsabilidad y obligación de los órganos del Estado para casos como estos.
“Como fiscal no voy a aceptar ni puedo estar de acuerdo con que me digan que no tienen cupo.
Tendrán que buscar la forma, o ustedes como red, ver y proveer la forma de que esta persona no vuelva a infringir la norma, porque ya son tres veces”.
Rammsy propuso la designación de un “curador ad litem”, y que “se encarguen de ubicarlo en una parte donde no pueda nuevamente desobedecer lo que dispone un tribunal”.
El juez Larenas acogió la suspensión del procedimiento y nombró como “curadora ad lítem” a la abogada del Senama, Constanza Hernández.
Además dijo que hacía suyo toda la argumentación del fiscal en la audiencia.
Sin perjuicio de las capacidades del Senama, y teniendo presente que es grave y urgente tratar a esta persona con especialistas, ordenó el ingreso del imputado a la Unidad Psiquiátrica del Hospital Clínico, “con el objeto de que sea evaluado, diagnosticado, y revisado por un psiquiatra u otro profesional del área”.
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL.
