Para el martes 11 de agosto se fijó la audiencia de formalización por el derrame de 40 mil litros de petróleo diésel ocurrido el sábado 27 de julio del año pasado en la isla Guarello (250 kilómetros al noroeste de Puerto Natales).
La fiscal Lorena Carrasco Informó que hasta el momento habría un imputado en este causa, sin descartar que se puedan sumar otros en las próximas semanas.
La investigación de la Fiscalía se encontraría acotada por lo que solicitaron que se fijara la audiencia de formalización al Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, agendada para el 11 de agosto, donde se imputará -hasta el momento- al encargado el día del hecho de las operaciones de los estanques de combustibles. La fiscal Lorena Carrasco no adelantó el delito por el cual sería imputado el funcionario identificado con las iniciales O.V.G., aunque estaría referido a una infracción a la Ley de Medio Ambiente.
Derrame de diésel
El sábado 27 de julio el personal de la empresa Imopac (Ingeniería y Movimiento de Tierra del Pacífico Limitada) contratista de la Compañía de Aceros del Pacífico, filial Cap S. A. en su faena en isla Guarello, específicamente en la bahía Corbeta Papudo, alrededor de las 8 horas constató un derrame de hidrocarburos, notificando del hecho a las 16 horas a la Capitanía de Puerto de Puerto Edén. En él se indicaba que más de 40 mil litros de petróleo diésel se habían derramado en el mar y 8 metros cúbicos del combustible en la tierra. Lo anterior producto de una negligencia en la manipulación y operación durante las faenas de llenado de combustibles desde los estanques en tierra hacia el mar.
De inmediato se activaron los protocolos establecidos para este tipo de incidentes operacionales. El 30 de julio de 2019 la Compañía Siderúrgica Huachipato, filial Cap, detuvo sus labores en isla Guarello para priorizar la contención del hidrocarburo
Las faenas de extracción del combustible desde el medio marino incluyeron la instalación de una manga plástica contenedora de 50 metros -la cual impide el avance del diésel- y la utilización de motobombas de aspirado, entre otras acciones.
Además al lugar se dirigieron la barcaza Elicura y el patrullero Marinero Fuentealba de la Armada, los cuales cumplieron tareas fiscalizadoras y de apoyo en el control del derrame. Luego se sumó al trabajo la barcaza San Andrés, contratada por la empresa para labores de limpieza y monitoreo, con 11 especialistas.
Además, a través de la fundación especializada oObservatorio Científico de los Canales y Andes Patagónicos Australes, se realizó un proceso de monitoreo permanente de la zona.
También acudió al lugar la empresa OSR Litoral Spa contratada paras las tareas de limpieza y la lancha misilera Casma junto a personal de la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI, con el objetivo de cumplir con la orden de investigar, dictada por el Ministerio Público y personal biólogo de Directemar que apoyó los peritajes y toma de muestras. El lunes 29 de julio viajaron a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea diversos servicios de fiscalización como la Superintendencia de Medio Ambiente, Sernageomín y el Sec para iniciar las labores de fiscalización en terreno.
Demandas e investigación
En su momento el fiscal regional Eugenio Campos manifestó que el hecho revestía caracteres de delito por lo que determinó iniciar una investigación de oficio (se dispuso la apertura de una carpeta investigativa sin esperar una denuncia formal) por contaminación de cuerpos de agua, en este caso el mar. La primera diligencia fue ordenar que concurrieran al área los detectives de la Brigada de Delitos Medioambientales (Bridema) de la PDI para recopilar los antecedentes que permitiesen establecer las responsabilidades penales al respecto.
Preocupación a todo nivel
El hecho en su momento causó preocupación a nivel nacional e internacional al tratarse de un sector conocido por su pureza. Ante ello el municipio de Natales presentó una demanda por daño ambiental por derrame de combustible en la isla Guarello ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
La demanda por reparación ambiental fue patrocinada por el abogado José Luis Vargas y es contra la empresa Cap S. A. representada por Rodolfo Krause; contra la compañía Siderúrgica Huachipato representada por Rodrigo Briceño y la empresa Sociedad de Ingeniería y Movimiento de Tierra del Pacífico Limitada (Imopac) representada por Jorge Bustos.
En la demanda basada en la Ley de Medio Ambiente se indica que el daño producido no puede medirse en su totalidad, ya sea en el ecosistema o en la población, por lo que serán necesarios estudios acabados que permitan determinar su extensión y magnitud.
Por su parte, el presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Girardi, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de quienes resulten responsable del derrame de 40 mil litros de diésel desde la faena minera de piedra caliza de Minera Cap, ubicada en isla Guarello. El parlamentario expresó en la oportunidad que “esta es una gravísima catástrofe ecológica porque contamina uno de los sectores más impolutos del planeta” y manifestó su solidaridad “con la comunidad kawésqar pueblo originario que habita esa zona y que se verá afectado por largo tiempo, tanto desde el aspecto espiritual como en la recolección de los recursos con que viven”.
El parlamentario agregó que lo sucedido dejaba al descubierto que la institucionalidad fiscalizadora estaba sobrepasada.
También criticó al intendente de Magallanes, José Fernández, quien señaló que el diésel era más fácil de controlar al indicar que esta declaración “da cuenta de un intento de las autoridades de bajar el perfil a los ocurrido y están más preocupados de los bolsillos de la empresa que de la comunidad y del ecosistema dañado”.
