Este miércoles se conoció el registro de las cámaras de seguridad de la 14ª Comisaría de Carabineros de San Bernardo que dejó en evidencia parte de la brutal golpiza que recibió un joven, de 23 años, por parte de uniformados del cuartel el pasado 21 de noviembre, en pleno estallido social.
El agredido protestaba en la plaza de la comuna ubicada al sur de la ciudad de Santiago cuando, según explicó a Cooperativa el abogado experto en derechos humanos Miguel Yáñez, fue detenido por los carabineros en una encerrona y subido a un vehículo, donde fue golpeado.
«Yo me presento en la comisaría para entrevistarlo y lo primero que veo es a un joven desorientado, todo ensangrentado, de la cabeza a los pies, que no podía ver porque le habían tirado gas pimienta en la comisaría», relató el jurista.
El abogado explicó que la víctima fue paseada en el automóvil por los policías, que no les informaron a sus familiares, y luego fue llevado a la 14ª Comisaría, donde sufrió golpes, tortura y fue atacado con el compuesto químico en los ojos.
Según Yáñez, actualmente sólo hay dos carabineros formalizados: un teniente, por apremios, y otro carabinero, por falsear el parte policial. «El apremio es la teoría de la fiscalía. Nosotros estamos por la figura de la tortura. Había muchas más personas, debería haber más formalizados«, remató el abogado.
«El video se usó como prueba, para ilustrar al tribunal, pero el problema fue que se formalizó a un sólo funcionario (por la golpiza), y en el video salen más funcionarios partícipes del delito«, señaló el experto.
«Hasta el momento ha estado muy lenta la investigación, nosotros pensamos que debería haber más formalizados», agregó Yáñez.
Desde el 18 de octubre pasado, la crisis social -la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- ha dejado ya al menos 30 fallecidos, miles de heridos y denuncias de organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) o Human Rights Watch (HRW) a las fuerzas de seguridad por haber violado los derechos humanos.
