El escándalo de las licencias médicas crece y complica a La Moneda. Si antes fueron personas políticamente cercanas o amigos de infancia del Presidente Boric los mencionados en el tema, ayer se reveló la renuncia de su cuñada, Fiona Bonati, por viajar fuera de Chile mientras estaba en una extensión de su postnatal. La periodista trabajaba en el Estado desde el 2012, y comenzó a desempeñar el cargo de asesora de comunicación estratégica de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), entidad perteneciente al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en 2020, con el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera. {RELACIONADAS https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/06/03/1168151/boric-cunada-licencias.html} Según reveló 24 Horas, Bonati efecutó dos viajes internacionales en 2023 mientras extendía su postnatal, en atención a la salud de su hijo. La apertura de un sumario administrativo tras la revelación del caso motivó a la periodista a presentar su renuncia este 29 de mayo. La situación llevó que la trama de licencias aterrizara en el propio núcleo familiar del Presidente, quien hace días abogada por sanciones «drásticas y categóricas» para quienes habían abusado del derecho. «Hay que muchos de ellos debieran ser destituidos, porque no puede ser que estas prácticas se hagan costumbre», aseveró el Mandatario el lunes previo a la Cuenta Pública, a la que Bonati concurrió junto a su pareja, Simón Boric. Esta mañana, el Mandatario instó a que en el caso de su cuñada «se cumplan las mismas condiciones» que se zanjaron para los funcionarios a los que se les encontraron viajes cursando licencias. «A mí lo que me parece deseable, destacable y correcto es que en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco que pueda existir con cualquiera, incluso conmigo, se cumplan las mismas condiciones, y esto es que se establezca un sumario», sostuvo y comentó que «en este caso ella decidió dar un paso al costado antes del resultado del sumario porque ella misma dijo que los estándares tenían que ser mayores en el caso de la familia del Presidente». Ahondando en la situación sobre Bonati, la ministra de Ciencias y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, aseveró que «la posición del Gobierno ha sido clara: cada uno de los casos tiene que ser investigado y los funcionarios que cometieron infracciones o abusaron de las licencias deben recibir las mayores sanciones que dispone el estatuto administrativo». «La regla es una y la misma para todos. Los sumarios se instruyen, se llevan adelante, y si las personas renuncian, los sumarios continúan y las sanciones se aplican», señaló, apuntando que «si se detectan responsabilidades más allá del ámbito administrativo, los antecedentes serán enviados al Consejo de Defensa del Estado”. A su vez, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apuntó que «los sumarios tendrán que determinar obviamente cuál es la situación particular, pero si no existe una justificación, estoy hablando en términos generales, lo que corresponde es que se apliquen las máximas sanciones que establece el estatuto administrativo y hemos señalado adicionalmente que los antecedentes de sus sumarios van a ser entregados también al Consejo de Defensa del Estado para que analice la presentación de demandas civiles y querellas criminales si es que corresponde». «Sobre esto se defiende un principio básico, la ley pareja no es dura, se aplica el mismo criterio respecto de todas las funcionarias y funcionarios y los sumarios tendrán que obviamente establecer qué es lo que ocurrió en el caso concreto y cuál fue la situación específica», remató. Críticas parlamentarias Reacciones tanto del oficialismo y de la oposición concitó la relación de Bonati con la trama de licencias. El senador Juan Luis Castro (PS) indicó que «no puede alegar ignorancia respecto a que el reposo en Chile se cumple en el territorio nacional y no afuera. Nadie puede alegar desconocer eso. Por algo el médico, cuando llena una licencia, le pregunta al enfermo o enferma dónde va a cumplir el reposo, y tiene que decir un domicilio dentro de Chile, no afuera». «Yo creo que aquí la ley pareja no es dura. Que bueno que haya compromiso para asumir la realidad, pero tampoco esto es para rendir un homenaje a alguien que se tiene que ir porque fue sorprendida en una flagrancia, pues. Seamos sinceros. Esto no es un error. Esto está en el límite de lo que es un delito». Del mismo modo, el diputado Raúl Soto (PPD), coincidió en que «corresponde que se asuman las responsabilidades por las decisiones, por los errores y por las irregularidades que funcionarios, cualquiera estos sean, puedan cometer. Desde esa perspectiva, yo espero que acá exista sumario, que se asuman las responsabilidades administrativas, me parece bien que haya dado un paso al costado. Sin embargo, también es necesario reconocer que son este tipo de cosas las que tienen a mucha gente decepcionada, a mucha gente, lamentablemente, que creía que acá se iban a hacer las cosas distintas, con grados de decepción importantes, y eso es necesario decirlo para que las cosas se corrijan». En ese sentido, apuntó que «se trata de una funcionaria, según los antecedentes que conocemos, que estaba contratada desde gobiernos anteriores, que cumplía funciones profesionales y no necesariamente políticas, pero su permanencia, su mantención en el cargo bajo el actual Gobierno, debió haber sido evaluado en su momento, a propósito del vínculo que tenía con un familiar directo y cercano, como es el hermano del Presidente de la República». «Lo digo porque, a veces no solamente hay que ser, sino que también hay que parecer. A veces, no solamente, y dado los estándares que tenemos hoy día, hay que cumplir con los mínimos legales, sino que también hay que dar el ejemplo desde la perspectiva ética», comentó. Desde la oposición, la diputada Camila Flores (RN) acusó que «una vez más nos mintieron en la cara, lo más grave es que esta situación el Presidente de la República la conocía previo a la Cuenta Pública de este día domingo 1 de junio y como es costumbre del Presidente de la República, decidió callar y ocultar». Además, señaló que «lo que debió haber hecho la cuñada del Presidente de la República es desde el minuto uno, cuando ella pasa a ser parte de la familia presidencial, parte de la familia del Presidente y en concordancia con el discurso de no tener más familiares apitutados políticos trabajando en el Estado, fue haber renunciado». En esa línea, el diputado Felipe Donoso (UDI), denunció «Gabriel Boric, como candidato presidencial, nos prometió un Chile sin pitutos, pero lamentablemente vemos como todos los escándalos golpean a La Moneda». «Hoy día, vemos que su cuñada también tenía licencias falsas. Queremos ver que el caiga quien caiga se haga carne. Efectivamente, se procese como cualquier ciudadano, que no sea un apitutado más de este Gobierno», fustigó.
Fuente: Emol.com
