Cuarenta días después de exigir que Luis Cordero no representara a la industria salmonera, el Frente Amplio evita pronunciarse sobre los suyos, entre ellos un ex jefe de gabinete de Boric que trabaja en una oficina de lobby —el único que lo ha reconocido abiertamente— y el abogado que lideró la reforma a las reglas de evaluación ambiental y hoy tramita un proyecto de litio. Gael Yeomans, Constanza Martínez y Giorgio Jackson no abordaron el tema al ser consultados.
Lo nuevo. El paso de exautoridades del gobierno de Boric al lobby y a empresas de sectores que regularon es un tema del que la dirigencia del Frente Amplio prefiere no hablar.
- Consultada por Ex-Ante, la presidenta del partido, diputada Gael Yeomans, no respondió. Su antecesora y actual secretaria general, Constanza Martínez, dijo que no quería referirse al asunto. El exministro Giorgio Jackson también pasó.
- Seis meses después de dejar La Moneda, el círculo de Boric se ha repartido por el mundo privado. Matías Meza-Lopehandía, su ex jefe de gabinete, aterrizó en la consultora KOM. El exsubsecretario de Medio Ambiente Maximiliano Proaño se sumó a una consultora ambiental. Y Sebastián Aylwin, que lideró la reforma a la evaluación ambiental, tramita un proyecto de litio.
- A la consultoría también transitaron la exministra Aisén Etcheverry, quien hasta fines de julio asesoró a empresas en IA desde la agencia Crítica, y la exalcaldesa de Ñuñoa y ex subsecretaria de Deportes Emilia Ríos.
- Meza-Lopehandía es el único que ha hablado en público. Dijo a La Segunda que trabaja “en una oficina de lobby”, que nadie se lo ha reprochado y que quien pasó por el Estado tiene derecho a volver al mundo privado. Transparentó así una actividad que el resto del partido evita nombrar.
El contraste. El 12 de agosto, Yeomans y Martínez —entonces candidatas a presidir el FA— cuestionaron a Luis Cordero, exministro de Boric, por representar a SalmonChile ante el Tribunal Constitucional, en el marco de la megarreforma económica de Kast.
- “Siempre hemos criticado la puerta giratoria”, dijo Martínez. “Es necesario cerrar esta puerta de una vez por todas”, afirmó Yeomans.
- Cordero, extitular de Justicia y de Seguridad, litigó sobre concesiones acuícolas, materia ajena a sus carteras.
El búmeran. Antes de llegar a La Moneda, el FA trató el lobby y la puerta giratoria como una frontera moral frente a la ex Concertación y la derecha. Hoy esa crítica vuelve sobre sus filas.
- La síntesis la hizo Jackson en agosto de 2022, como ministro de la Segpres: dijo que su generación tenía una escala de valores distinta a la de la centroizquierda. Pidió disculpas, pero la frase quedó como sello de su generación.
- El discurso se pulverizó en junio de 2023 con el caso Democracia Viva, que dio paso al caso Convenios, con indagatorias por corrupción.
- El lobby de las ex autoridades de Boric y los potenciales conflictos de interés tiene ahora un efecto búmeran: alcanza a figuras del círculo de Boric en una de las actividades que el FA más cuestionó.
Un caso sensible. Es el de Sebastián Aylwin, abogado ambiental de la U. de Chile, sobrino nieto de Patricio Aylwin, fundador del FA y cercano a Boric desde que ambos fueron voceros de la toma de Derecho de 2009. Ningún dirigente se ha referido a él, salvo el exministro Nicolás Grau, que lo hizo a través de un chat interno del partido.
- Entre marzo de 2022 y marzo de 2026 fue jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, que coordina los pronunciamientos de la cartera sobre los proyectos en evaluación. Según CIPER, lideró la reforma al reglamento del SEIA, que fija las reglas para evaluar proyectos de inversión.
- En julio, cuatro meses después de dejar el gobierno, fichó por CleanTech Lithium como especialista medioambiental, a cargo de tramitar el proyecto de litio Laguna Verde.
- Grau lo defendió con una distinción de rangos: el cuidado especial rige para las altas autoridades; a quien dirigió una división le basta con no tener conflicto de interés. Para algunos, el argumento esquiva lo central: si hay conflicto cuando quien reformó el reglamento tramita un proyecto bajo esas reglas.
El vacío. El Estado ha intentado sin éxito regular el paso de exfuncionarios a empresas ligadas a las materias que regularon. La Ley 18.575 impone solo seis meses de inhabilidad, y únicamente a quienes salen de organismos fiscalizadores.
- En 2024, la Segpres propuso ampliar a un año el plazo y la lista de exautoridades impedidas. El 14 de julio, con el FA en la oposición, Yeomans suscribió un proyecto que va más lejos: extiende el plazo a dos años, con multas y prohibición permanente de volver al Estado, para ministros, subsecretarios, jefes de servicio y sus jefes de gabinete. En ese lapso no podrían integrar directorios de entidades privadas que supervisaron o beneficiaron, ni asesorarlas, ni hacer lobby ante su exinstitución.
- Ninguna fórmula tocaría a Aylwin: no alcanzan a quien, desde una jefatura intermedia, lidera la confección de una norma que luego aplica para un cliente.
