Mientras esta semana se renovó por 30 días la autorización para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de control fronterizo con el propósito de contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas. Este martes el diputado Christian Matheson, ingresó un proyecto de ley que va en la misma línea de aumentar la seguridad y que crea un Registro de Inmigrantes Irregulares acompañado por un banco de información genética.
La iniciativa se enmarca en el contexto de descontrol migratorio que ha traído consigo aparejado el aumento de delitos violentos y narcotráfico en todo el país.
Al respecto, el diputado Christian Matheson, representante de Magallanes y la Antártica Chilena señaló que “el proyecto de huella genética busca tener un registro de cada uno de los detenidos que no porten documentos, es decir, aquellos extranjeros que ingresan en forma clandestina a Chile deberán ser registrados en un listado especial donde figure su huella genética, que no es una huella de las manos es una secuencia de DNA que permite la individualización de la persona”.
“Como este proyecto de ley implica que un servicio que ya existe tenga nuevas atribuciones, pediremos al gobierno que patrocine la iniciativa para que de esta forma se avance en materia de control clandestino, narcotráfico y aumento de delitos violentos en nuestro país. Esta iniciativa legal ya fue presentada en la Cámara de Diputados, ahora estamos a la espera del gobierno y su patrocinio”, explicó Matheson.
En definitiva, el proyecto contempla que exista un Registro de Inmigrantes Irregulares que contenga cambios en la ley en cuanto a
la “Información genética de toda persona que se encuentre de forma irregular en territorio nacional o no pueda acreditar su regularidad, que sea controlada o detenida por las policías, en cualquier tipo de procedimiento, y/o por gendarmería, en el acceso a los penales del país. Debiendo ser conducidos, por las policías, ante el organismo correspondiente autorizado para la extracción de muestras biológicas, procedimiento que deberá llevarse a cabo en un plazo no superior a las 24 horas. En caso de detención, el juez de garantía deberá velar por que este procedimiento sea realizado previo a la puesta en libertad del individuo”.
