Inédita y discrecional. Estos fueron dos de los calificativos que usó la Asociación Regional de Académicos de la Universidad de Magallanes (Araumag) para referirse al proceso de despido de, al menos, 10 académicos.
La situación de incertidumbre -dada a conocer en nuestra edición de ayer- comenzó a conocerse la tarde del lunes, producto de la no renovación de contratos de un grupo de, al menos, 8 profesionales. Pero, los primeros antecedentes hacían suponer entonces que el número podría elevarse, incluso, a 13. Entre los afectados, estarían, incluso, profesionales que están cursando doctorados en universidades extranjeras.
De acuerdo a los estatutos de la Umag, los académicos deben ser notificados 60 días antes del fin de año sobre la posibilidad de que su contrato sea renovado o no. En esa línea, se entiende de que, si no llega una carta de renovación, el contrato queda terminado y la universidad notifica verbalmente o por correo electrónico de esta decisión al afectado o afectada.
“Rechazamos la decisión del equipo rectoral de la Universidad de Magallanes de despedir un gran número de académicos. Hasta ahora sabemos de 10 personas, que representan cerca de un 4% del cuerpo académico. Esta medida es innédita en nuestra universidad”, señalaron en la carta abierta.
Juan Marcos Henríquez, presidente de la Araumag, indicó a La Prensa Austral: “Hemos consultado con los decanos, que son los jefes directos, y ellos nos han indicado que no hay una evaluación del desempeño de los académicos, por lo tanto lo que ocurre acá es una decisión discrecional del equipo de rectoría. Entendemos así porque no ha habido evaluaciones, los decanos no han participado en esta decisión y, por lo tanto, entendemos que hay una decisión que no sabemos cuál es y que ha tomado rectoría”.
En el pronunciamiento público, se agrega que la decisión se presenta como discrecional, pues a las personas que son desvinculadas no se les informa de la medida, que no parece basada en su desempeño.
“Además, esta es una medida inconsulta cuando a los supervisores directos de estas personas no se les hace parte del proceso”, se indicó.
La situación ha generado un clima de tensión en los demás funcionarios, técnicos y profesionales, dado que a ellos se les hace la renovación del contrato el 30 de noviembre, por tanto hasta esa fecha habrá incertidumbre sobre su continuidad.
“El rector en su campaña para llegar al cargo había prometido estabilidad laboral. Uno entiende que, si esa promesa es real, en caso de una crisis financiera, debieran ser otras las medidas de ahorro que se implementen previamente para ajustar las cajas y no ser desechados los académicos o trabajadores de tu universidad… No ha habido una política de ahorro en el año 2023, ha habido otro tipo de gastos que no se condicen con una situación financiera”, objetó Henríquez.
Versión de la rectoría
Pese a estos cuestionamientos públicos, el vicerrector de Administración y Finanzas, Fredy Cabezas, expuso que las razones son primordialmente académicas. “Hay temas docentes, que tienen que ver con investigación y, por supuesto, también está el marco de la sustentabilidad administrativa y financiera de la universidad. (…) Lo primero es velar por el desarrollo académico de la universidad pensando en los desafíos que se vienen. En algunos casos, hay cambios en las prioridades para ciertos departamentos. No es al azar que se toman estas decisiones”, aseveró.
Cabezas profundizó más en la explicación señalando: “Hay evaluaciones que van del punto de vista de la docencia propiamente tal y hay otros antecedentes que vienen del lado de la productividad científica y hay varios elementos de ese tipo que se combinan para definir efectivamente la continuidad o no de ciertos académicos, pero también consideramos las proyecciones de los diferentes proyectos al interior de la universidad”.
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL.
