Puerto Natales, 12 de junio de 2025 — Un hombre de 51 años fue detenido en Puerto Natales por almacenamiento de material pornográfico infantil, en el marco de una investigación de alcance internacional que involucra a autoridades chilenas y estadounidenses. El procedimiento se desarrolló gracias a la cooperación entre la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quienes proporcionaron información clave sobre el tráfico de este tipo de material a través de redes digitales.
La fiscal de Última Esperanza, Romina Moscoso, detalló que esta indagatoria se originó a partir de antecedentes entregados directamente por agencias norteamericanas, centrando su foco en el tráfico y distribución de pornografía infantil mediante plataformas P2P (peer to peer). “Se determinó que algunas de estas conexiones provenían desde territorio nacional, particularmente desde la comuna de Puerto Natales”, señaló.
La Subinspectora Catalina Csaszar, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, explicó que gracias al trabajo conjunto con el Ministerio Público, se logró identificar a usuarios chilenos que almacenaban y distribuían material de explotación sexual infantil mediante redes sociales y plataformas digitales. En el caso específico de Puerto Natales, se rastreó una dirección IP vinculada a un domicilio donde, finalmente, se concretó la entrada y registro voluntario.
El allanamiento fue realizado el día miércoles alrededor de las 19:30 horas. Durante el procedimiento, se incautó un disco duro conectado a un computador de escritorio que contenía material pornográfico infantil. Según los primeros peritajes forenses, se identificaron al menos 45 archivos de video relacionados con abusos sexuales a menores.
El detenido fue formalizado por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil en audiencia de control de detención. La fiscal Moscoso informó que se decretaron como medidas cautelares el arraigo regional y la prohibición de conectarse a plataformas digitales. Además, se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Este caso forma parte de una amplia red de cooperación internacional en la lucha contra los delitos de abuso sexual infantil en el entorno digital, destacando el rol clave de la colaboración entre las agencias de ambos países para proteger a los niños, niñas y adolescentes.
