«Nos entregaron información sobre funcionarios de la PDI involucrados, que eran ‘sapos’ y que sabían todo lo que pasaba», comenta la fiscal Carolina Suazo, de Alta Complejidad de la zona metropolitana Centro Norte, respecto de una red de explotación sexual que operaba, principalmente, en la Plaza de Armas de Santiago y que sometía «al menos 100 víctimas de forma simultánea». Para llegar a los exfuncionarios Nicolás Ortega y Sebastián Peredo —en prisión preventiva y desvinculados desde marzo de 2024— fue clave una llamada del 28 de noviembre de 2022. Aquel día, una adolescente venezolana (17) se dirigía a un juzgado de familia capitalino tras ser rescatada por la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI. La joven era explotada por el Tren de Aragua en un departamento del Portal Fernández Concha y obligada a pagar una «multa», según el Ministerio Público. Sin embargo, en el trayecto al juzgado atendió la llamada del hoy imputado Ricardo Pinto, quien simuló ser su padre. A raíz de esa llamada, Pinto se comunicó con el cubano Yariel Ulloa, para consultarle cómo actuar ante la «captura» de la adolescente. «El ciudadano cubano dice: ‘Yo le voy a preguntar a Nico’. Pudiendo establecerse que ‘Nico’, efectivamente, era un funcionario de la Policía de Investigaciones», explica Suazo.
Fuente: Emol.com
