El senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson, y seis consejeros regionales de Magallanes (Robert Weissohn, Rodolfo Arecheta, Roxana Gallardo, Max Salas, Hernán Soto y José Luis Paredes) presentaron una denuncia formal ante la Contraloría General de la República por graves irregularidades administrativas y posibles delitos en la compra de una casa de acogida por parte del Gobierno Regional (GORE).
Los puntos clave de la denuncia
La acusación principal recae sobre el gobernador Jorge Flies, quien habría aprobado la compra directa de un inmueble en Avenida Alessandri por $797 millones, sin licitación pública y sin inhabilitarse, a favor del actual juez tributario y aduanero, Sergio Vera Aparicio. A esta inversión se sumarían $432 millones adicionales para remodelación, totalizando $1.229 millones en fondos públicos para la propiedad que será una casa de acogida para adolescentes.
Lo más grave, según los denunciantes, es que tres semanas después de la compra, el juez Sergio Vera adquirió una consulta médica por $400 millones a una sociedad donde la esposa del gobernador Flies posee un 33% de participación. Esta situación podría configurar conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.
Además, se señalan otros hechos irregulares:
Vínculos personales entre funcionarias del Servicio Mejor Niñez y las arquitectas que realizaron la tasación del inmueble.
Informes técnicos contradictorios.
Falta de una resolución fundada que justificara la compra directa.
La denuncia también critica la omisión de fiscalización por parte de la Contraloría Regional de Magallanes, que había recibido antecedentes del caso desde septiembre de 2024. Por ello, se solicita que la investigación sea liderada a nivel central y, si procede, que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público.
Declaraciones de los denunciantes
Los firmantes expresaron su indignación y la necesidad de una investigación rigurosa. El senador Kusanovic ya había advertido la urgencia de estas investigaciones para garantizar la transparencia. El diputado Matheson enfatizó que los magallánicos merecen claridad sobre el uso de los recursos públicos y que, de existir uso indebido, los hechos no queden impunes.
Los consejeros regionales subrayaron la exigencia de responsabilidades. Max Salas comentó: “Tuvimos que tener los documentos en nuestras manos para entender el nivel de abuso. Era más fácil creer la mentira de la rectitud que la cruda verdad que hoy revelamos.” José Luis Paredes destacó el rol fiscalizador del Consejo, mientras que Roxana Gallardo, quien votó a favor de la adquisición para solucionar una urgencia social, advirtió que «si hubo mal uso de fondos o ilegalidades, se debe investigar hasta las últimas consecuencias.” Finalmente, Robert Weissohn criticó las «ventas cruzadas» y el salto de formalidades legales, pidiendo una pronta investigación de estos hechos «muy sospechosos».
