Municipio acusa “incumplimiento grave de contrato”, mientras la empresa señala que la entidad “se ha enriquecido a costa del empobrecimiento” de la concesionaria “sin causa legal alguna”.
A nivel judicial escaló el conflicto entre el municipio de Punta Arenas y la concesionaria de cobro de estacionamientos, luego que la entidad edilicia demandara el cobro de 178 millones de pesos por cobros de multas y por el atraso en el pago de la concesión.
Luego de la acción interpuesta por al alcalde Claudio Radonich, la empresa Concesiones Punta Arenas Spa formuló una propuesta que permita poner fin al litigio.
De acuerdo al escrito, la empresa “se obliga a pagar todas las mensualidades pendientes de la concesión, en 36 cuotas mensuales e iguales, a partir de la fecha de la presente transacción, sin espera de sentencia definitiva (que se estima, con todos los recursos pertinentes, no antes de aproximadamente 6 a 7 años)”.
Se agrega que la concesionaria “se allana a pagar todas las multas aplicadas, renunciando a discutir su procedencia y legalidad”, además de cumplir con las remuneraciones, leyes sociales y finiquitos, con pago de indemnización por años de servicio, desahucio por mes de aviso, vacaciones, dejando liberada a la Municipalidad de Punta Arenas de toda responsabilidad solidaria (establecida en la ley y las
misas bases de licitación), “dando tranquilidad y seguridad económica a los trabajadores, mientras se adjudica una nueva licitación”.
En la propuesta presentada al municipio, la concesionaria añade que la entidad edilicia debe “aceptar terminar el contrato de concesión por la causal de mutuo acuerdo, sin cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en beneficio del bienestar de los trabajadores; y la seguridad y menor plazo, para el pago de concesiones y multas demandadas”.
Asimismo, plantea que la municipalidad debe devolver las garantías y que las partes recíprocamente deben renunciar a toda acción poniendo término a las demandas judiciales.
Demandas judiciales
Lo que se señala en el párrafo anterior, tiene que ver con la demanda ingresada por el municipio ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas el pasado 7 de noviembre, donde se exige el pago de 546 UTM (equivalentes a 35 millones de pesos) y una segunda acción fechada el 13 de diciembre donde se exigen otras 600 UTM (más de $38 millones) por multas y $105.000.000 por atraso.
Además, el 1 de diciembre el municipio notificó la existencia de “multas constitutivas de incumplimiento grave al contrato”, por lo cual correspondería el término anticipado del vínculo y el cobro de la boleta de garantía asociada.
Posteriormente, el 6 de diciembre, la concesionaria presentó descargos, indicando que no se puede terminar administrativamente lo que está judicializado.
Luego, el pasado 13 de diciembre, la empresa contestó la demanda e interpuso una acción similar en contra de la Municipalidad de Punta Arenas, solicitando “restituir o reembolsar” $543.261.788, argumentando que la entidad edilicia “se ha enriquecido a costa del empobrecimiento” de la concesionaria “sin causa legal alguna”.
Nuevo llamado
Mientras lo anterior se resuelve entre las partes, ya sea a través de la instancia extrajudicial o judicial, en el municipio se espera poner término al vínculo a partir del 31 de diciembre.
Luego de esto, de inmediato se comenzará a trabajar en la elaboración de las nuevas bases de licitación que permitan disponer de un nuevo servicio de cobro de estacionamiento a partir de marzo próximo.
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL.
