El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) deberá informar dentro de los próximos días a la Contraloría General de la República las razones que justificaron el “sueldo VIP” que se le pagó a la periodista Leslie Salamanca Donoso en su paso por el Departamento de Comunicaciones del servicio.
La profesional arribó al SAG el 17 de agosto de 2023 de la mano del entonces recién nombrado director del organismo, José Guajardo Reyes. Es que con él había trabajado hasta meses antes, cuando el veterinario era titular de la Subsecretaría de Agricultura.
Como sea, de acuerdo con antecedentes expuestos anteriormente por BBCL Investiga, la llegada de Salamanca Donoso al servicio desató críticas internas a la gestión de Guajardo, más cuando quedó en evidencia que la mujer percibía hasta $6,4 millones brutos mensuales.
La cronología
En respuesta a una solicitud de la diputada Gloria Naveillán, la División de Función Pública de la Contraloría analizó el paso de la periodista por el SAG, detectando una serie de inconsistencias.
Según detalló el órgano fiscalizador en un oficio al que tuvo acceso esta Unidad de Investigación, la profesional ingresó el 17 de agosto de 2023 al SAG tras ser contratada bajo las normas del Código del Trabajo. En esa modalidad se mantuvo hasta el 17 de febrero de 2024, percibiendo $2,5 millones mensuales ya que su cargo se asimiló a uno grado 16 de la planta de profesionales.
¿Su rol?: “Brindar apoyo al Director (a) Nacional, garantizando la adecuada gestión de actividades del Servicio Agrícola y Ganadero que le competen y concediendo asesoría en los distintos elementos que requiera, con el objetivo de atender necesidades internas y externas efectivamente, para mantener la debida continuidad operativa y los vínculos con instituciones relevantes”.
Ese vínculo fue renovado el 18 de febrero de 2024 con el objetivo de que se mantuviera hasta el 18 de agosto de ese mismo año. No obstante, Salamanca renunció el 1 de julio para, con efecto inmediato, continuar en el servicio pero ahora en calidad “a contrata” hasta el 31 de diciembre.
El cambio de modalidad, según se desprende de la cronología que elaboró la Contraloría, no fue casualidad: fue entonces cuando sus funciones fueron asimiladas a un grado 5 de la planta de profesionales, lo que le permitió alcanzar el “sueldo VIP” que incluso superaba al de la jefa del Departamento de Comunicaciones en el que se desempeñaba.
En efecto, según información recopilada por BBCL Investiga a través de Transparencia, en septiembre y octubre de 2024 la jefa del Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana del SAG recibió una remuneración bruta mensualizada de $5.124.696 más un “bono incentivo” de $825.576 ($5.950.272 en total). Por su parte, esos mismos meses, a la periodista del SAG Leslie Salamanca Donoso se le pagaron $5.748.819 por remuneración bruta, además de $690.678 por “bono incentivo” ($6.439.497 en total). Una diferencia de casi $500 mil a favor de esta última.
Inconsistencias
En noviembre de ese mismo 2024 el SAG le había renovado el contrato por todo 2025 a la profesional de las comunicaciones, no obstante la publicación del artículo en BBCL Investiga obligó al servicio a echar pie atrás.
Ese movimiento, que no significó su salida, consideró una nueva renuncia presentada por ella el 1 de diciembre de 2024. Desde entonces volvió a ser contratada bajo las normas del Código del Trabajo a cambio de una remuneración bruta de poco más de $4,5 millones por 44 horas semanales y para cumplir las mismas funciones que venía desarrollando.
Ese último punto fue, de hecho, uno de los que más llamó la atención de la Contraloría. En consecuencia, el 10 de febrero se ofició al SAG para que respondiera una serie de inconsistencias detectadas en el análisis del caso.
En primer lugar, el SAG deberá informar al órgano contralor “las circunstancias que se habrían tenido en consideración para justificar la diferencia de remuneraciones pactadas en los referidos contratos de trabajo, así como en la designación a contrata de la señora Leslie Salamanca Donoso”.
En paralelo, el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura tendrá que detallar “los motivos que habrían justificado determinar que las funciones o trabajos realizados por la aludida funcionaria no eran posibles de realizar con el personal de planta institucional”.
Para entregar las respuestas, la Contraloría le otorgó al servicio un plazo de 20 días desde la notificación. Eso permite suponer que la información debería ser evacuada dentro de poco.
Una vez tenga las respuestas, se determinarán los siguientes pasos a seguir. Eso sí, ni José Guajardo Reyes, quien instruyó directamente la contratación, ni Leslie Salamanca Donoso podrían ser investigados administrativamente: el primero porque dejó el cargo el 8 de octubre de 2025 luego que le pidieran la renuncia por mal desempeño y la segunda, porque renunció —en teoría voluntariamente— un día después.
Este medio intentó conseguir respuestas del SAG a propósito de este tema, sin embargo desde el organismo no estuvieron disponibles para responder las consultas y se limitaron a señalar que “mientras no sea respondida la solicitud de Contraloría por parte del SAG, no habrá ningún pronunciamiento al respecto”.
