La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) Magallanes demandó acelerar la entrada en vigencia de la Ley de Alivio, una normativa aprobada en enero de este año por el Senado para mejorar las condiciones laborales a favor de los funcionarios de la atención primaria de Salud, sin embargo su entrada en vigencia sigue pendiente.
Jessica Tello, presidenta de la Confusam local, dijo que el guarismo que establece la Ley de Alivio es el 80/20, eso quiere decir que sólo el 20% de las plantas de funcionarios de la salud municipal estará contratada a plazo fijo. En Magallanes un 60% de los trabajadores de la salud está a plazo indefinido y 40% a plazo fijo, por tanto un 20% falta por regularizar, equivalente a más de 3 mil horas.
“Se contrata a funcionarios, a honorarios, pero esa es una situación de desmedro laboral porque es un funcionario que no tiene derecho a vacaciones, ni a bonos, ni a permiso, no tiene derechos, ni resguardos de nada, es algo que se arrastra por años”, remarcó la dirigenta.
En su opinión, con el paso del tiempo se ha disparado el número de atenciones que dependen de programas o convenios, por lo tanto el personal se sigue contratando a honorarios. “Nosotros tenemos funcionarios que ya están más de siete años en dicha condición. Ahora se avecina una Ley de Alivio que no se ha promulgado, aunque si se trabaja en ello y es que además tenemos mucha gente que lleva muchos años a plazo fijo, lo que da cuenta de la precariedad laboral”.
En todo caso la promulgación de la Ley de Alivio implicará un concurso interno donde sólo podrán participar funcionarios activos en atención primaria. No obstante, hay muchos funcionarios a honorarios que no entrarían en esta ley. “Ahí también se produce la precarización laboral porque esta ley estaría vigente por tres años consecutivos para poder postular, pero la gente tendría que estar contratada a plazo fijo, sin embargo hay personas contratadas por años a honorarios que no podrían postular”, subrayó Tello.
Otra materia preocupante, es que actualmente cerca del 30 por ciento del financiamiento de la atención primaria se entrega bajo la modalidad de convenio o programa. En razón de ello han denunciado insistentemente que cuando aumenta el presupuesto, lo que crecen son los programas, no el presupuesto estructural. “Los funcionarios viven con el miedo de no saber si sigue el programa o si van a llegar los recursos para mantener los equipos y las prestaciones”, concluyó.
