Europa vende a América Latina y Africa pesticidas que han sido prohibidos dentro de sus propias fronteras por el daño que causan en el medio ambiente y las enfermedades que pueden provocar en las personas.
Una investigación de Greenpeace cuestiona la “doble moral” de esta práctica que tiene a Reino Unido a la cabeza y España entre los principales exportadores. La organización denuncia “presiones” del sector en los organismos reguladores de la Unión Europea. Por el contrario, los fabricantes defienden su “compromiso con la salud” y niegan las acusaciones.
En 2018, Europa vendió 81.615 toneladas de pesticidas prohibidos, de los cuales un 6% son de empresas españolas como Deuxal, Agroquímicos de Levante e Industrial Química Key, según datos de Greenpeace tras analizar más de 400 documentos de firmas europeas. Detrás de estas operaciones hay mucho dinero en juego: el sector genera en España más de 1.000 millones de euros al año. A nivel global, el mercado de los productos químicos para la agricultura está copado por unas pocas empresas gigantes como la de origen suizo Syngenta, comprada por el conglomerado asiático ChemChina en 2017 por 39.000 millones de euros.
“Es la primera vez que sale a la luz un estudio tan completo, donde se demuestra que los intereses económicos de algunas empresas europeas están por encima de la ética”, dice a Infobae el científico británico Doug Parr, miembro del equipo de Unearthed (la unidad de investigación de Greenpeace) que ha destapado la investigación en colaboración con la ONG suiza Public Eye.
Greenpeace lleva varios años denunciando esta práctica por parte de la Unión Europea que consiste en “vender a países más pobres lo que no quieren para ellos mismos” aprovechando “lagunas legales”. Entre los receptores de estos pesticidas prohibidos están Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras y Cuba, además de otras naciones en vías de desarrollo de Africa y Asia.
“No es cierto que existan ‘lagunas legales’, todas nuestras actividades cumplen con la legislación de la Unión Europea y de cada uno de los países importadores”, responden desde CropLife, la organización internacional que defiende los intereses de los fabricantes de estos productos. Dicen que están adscritos al Convenio de Rótterdam (que desde 2004 vigila la exportación de químicos) y a las últimas directivas de la Fao, el órgano de Naciones Unidas para la agricultura.
La tendencia es clara: en la Unión Europea las sustancias de este tipo que se consideran legales se han reducido en los últimos 25 años un 50%, hasta las 500 permitidas en la actualidad (y de las cuales una cuarta parte son consideradas de bajo riesgo, porque sustituyen los químicos con feromonas de insectos y extractos de plantas). Tanto es así, que la región se vanagloria de tener actualmente “las leyes sobre pesticidas más estrictas del mundo”.
Sin embargo, cada país puede aprobar excepciones para salvaguardar su sector agrario, y estas han aumentado con una proporción mucho mayor en los últimos años: de apenas 59 excepciones a las prohibiciones de utilizar ciertas sustancias en 2007, a casi 400 en 2018. En la práctica, eso permite saltarse las “estrictas” leyes europeas siempre que el país importador lo desee.
Entre los productos nocivos exportados desde Europa en 2018 están la cloropicrina que, según los expertos de Greenpeace es un “pesticida que se usaba como arma química durante la Primera Guerra Mundial”, o el oxadiargilo, una sustancia “extremadamente tóxica para la vida acuática con efectos a largo plazo y que puede crear problemas en los fetos y en el funcionamiento de los órganos humanos”.
Naciones Unidas reconoce en un informe reciente que es “difícil demostrar la existencia de un vínculo definitivo” entre la exposición a estos productos y el desarrollo de enfermedades o desequilibrios en la naturaleza. Desde Greenpeace están convencidos de que “estos pesticidas contienen químicos que pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer o Parkinson, problemas en la reproducción y en el crecimiento, además de ser tóxicos para los mamíferos y alterar a las poblaciones de insectos polinizadores, aves y peces”.
Ejemplos hay varios, algunos tan mediáticos como el de hace cinco años en Monte Maíz, un pueblo agrícola de la provincia argentina de Córdoba. Un estudio descubrió que la población había desarrollado cáncer y otras enfermedades (además de abortos espontáneos) con unas tasas de hasta tres veces mayores que la media en la región y a nivel nacional. La causa, según los médicos investigadores de la Universidad de Córdoba, fue el uso de glifosato para las plantaciones de soja, un cultivo clave para la economía de Argentina, que es el tercer productor mundial.
