La Corporación Chilena de la Madera (Corma) advirtió el año pasado de posibles incendios con «consecuencias catastróficas» durante este verano, debido a que las forestales mantenían 4 mil hectáreas con residuos acumulados en el Gran Concepción. En sus proyecciones, incluso estimaron que 30 mil viviendas podían ser destruidas por las llamas. Por ello, solicitaron a las autoridades que visaran una quema controlada durante los meses de invierno, debido a que el Plan de Descontaminación no lo permitía. La autorización nunca llegó y ya se han contabilizado más de 500 viviendas arrasadas por el fuego. Desde la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío y la Seremi de Medio Ambiente defienden que se actuó de acuerdo a la norma y que la quema no era la única alternativa de las forestales. Por lo demás, enfatizan que acumularon residuos durante seis años.
En el momento en que inició el fuego, a las 17:00 horas del sábado, el viento traía malos presagios. Quienes estaban cerca del primer foco, en el Puente 1 del camino entre Concepción y Florida, podían sentir vendavales como pocas veces se percibían en pleno verano, con ráfagas de 50 kilómetros por hora mientras la temperatura alcanzaba los 28 grados.
Pero más allá de las desalentadoras condiciones del clima, pocos vecinos del Bío Bío conocían la situación real de peligro en que se encontraban. Porque, a pocos kilómetros de sus casas, en terrenos forestales, había residuos que convertían esas zonas en una suerte de polvorín.
El escenario había sido pronosticado casi un año antes y se cumpliría parcialmente en las siguientes horas, con el avance de las llamas sobre comunas como Penco y Tomé. En abril de 2025 la Corporación Chilena de la Madera (Corma) había informado la situación en una reunión con diversos actores del sector público.
En esa oportunidad hicieron una petición simple: querían que se les autorizara a realizar quemas controladas de material durante el invierno en 4 mil hectáreas de las comunas del Gran Concepción y en 800 hectáreas de Los Ángeles. Para ello, necesitaban un permiso excepcional porque los planes de descontaminación de ambas ciudades no se lo permitían.
Junto con la solicitud, los directivos de la Corma expusieron una simulación incluida en un Power Point con su augurio catastrófico: en caso de que no se realizaran las quemas controladas, podían producirse incendios que pondrían en riesgo 30 mil casas y 6.200 hectáreas sólo en el Gran Concepción —considerando desde Coronel hasta Tomé—.
Luego del fin de semana, en que más de 500 viviendas resultaron quemadas y 19 personas perdieron la vida en la región del Bío Bío, varios de los que estuvieron presentes en la reunión de abril han recordado esa advertencia. Y lo que no se hizo a continuación.
Catastróficas consecuencias
Entre los presentes en esa cita de abril estuvieron representantes de la Delegación Presidencial del Bío Bío, Corporación Nacional Forestal (Conaf) y secretarías ministeriales.
La presentación de la Corma exponía que en la “próxima temporada”, si no se aplicaba fuego técnico, se podrían “desarrollar catastróficas consecuencias en situaciones meteorológicas de verano debido a la alta carga de combustible”.
Para graficar su petición y la urgencia, expusieron a partir de la lámina 19 las “potenciales consecuencias” si no permitían la quema de residuos, con tres ejemplos de conurbanizaciones que podían ser alcanzadas por el fuego: San Carlos-Millantú-Los Ángeles, Tomé y Concepción Metropolitano.
Respecto de Tomé, la simulación mostró que un evento “podría generar afectación importante al sector Bellavista y parte alta de Tomé sector Carlos Mahns”.
Ante esto hicieron un mapeo de las zonas que debían ser priorizadas en las quemas. La mayor cantidad de hectáreas calificadas en el grupo 1 —con una urgencia alta por el riesgo de propagación y proximidad a viviendas— estaban en Hualqui, Tomé y Coronel.
Prohibición medioambiental
La advertencia de la catástrofe se había puesto sobre la mesa en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) incluso antes de 2025. Igualmente, hubo una mesa técnica que sesionó durante abril del año pasado, en la que participaron la Seremi de Agricultura, la Conaf, el Ministerio y la Seremi de Medio Ambiente, el Senapred, la Seremi de Salud y la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, además de Corma como entidad colaboradora.
El problema de fondo era que la petición iba directamente en contra de la norma. Hacer “fuego técnico” (quema planificada y controlada de desechos de la actividad forestal) en meses de invierno está prohibido debido a los decretos supremos N°6 y N°4 del Ministerio del Medio Ambiente.
El Decreto N°4 establece un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para Los Ángeles. El Nº6, para el Concepción Metropolitano con diez comunas en específico: Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Penco y Tomé.
En concreto, el artículo 63 expone que en un plazo de dos años de entrado en vigencia el decreto, “se prohíbe el uso del fuego para la quema de rastrojos y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta, en los terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal, entre el 30 de mayo y el 30 de agosto“.
El decreto se creó en 2017. Ahora, transcurridos más de cinco años, rige la misma restricción, pero entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. Es decir, desde prácticamente el comienzo del otoño hasta el inicio de la primavera.
Las razones de este decreto son simples. Se busca descontaminar una zona saturada y mejorar la calidad del aire en las comunas mencionadas.
Tiempo insuficiente
La Corma expuso que lo óptimo era hacer las quemas durante los meses con menores temperaturas para evitar la propagación del fuego. En simple, en invierno. Además planteó que el periodo permitido era demasiado acotado. Así lo mencionaron en una carta al delegado presidencial regional del Bío Bío, Eduardo Pacheco, del 22 de abril.
—Dicha ventana de tiempo es insuficiente para gestionar un combustible que puede alimentar incendios forestales, causando emergencias de alto impacto tanto para la vida de las personas, sus viviendas, la infraestructura y los bienes y servicios de los mismos ecosistemas forestales —se lee en el mensaje.
Este año, por ejemplo, el periodo de quemas en el Gran Concepción inició el 1 de octubre, tras el término de la prohibición del PPDA, y finalizó el 12 de noviembre, cuando Conaf impuso una nueva restricción de uso del fuego en toda la región del Bío Bío. Solo les dio un margen de 42 días para trabajar.
A modo de justificación, explicaron también desde la Corma que el 20% de los incendios forestales ocurre en la región del Bío Bío. En el periodo 2024-2025 esto se tradujo en 1.174 incendios. Y por lo demás, si bien durante esos meses de invierno se busca descontaminar, según sus cálculos, las quemas autorizadas son inferiores al 10% de emisión. Mucho menor que el CO2 que genera un incendio forestal.
Los megaincendios de 2017 generaron un CO2 asociado a 23 años de emisiones. Es equivalente a todos los vehículos livianos de la región Metropolitana en 2017.
