“Violencia innecesaria con resultado de muerte”, es el delito por el cual comenzaron a ser investigados los tres funcionarios de Carabineros (un teniente, un sargento y un cabo) que el lunes en la tarde dieron muerte a un ciudadano colombiano, en un procedimiento policial por violencia intrafamiliar.
El mismo lunes en la noche adquirieron la calidad de imputados y el fiscal jefe, Sebastián González Morales, los pasó a control de detención el martes en la mañana. Por más que la defensa intentó declarar ilegal el procedimiento, el juez de turno, Franco Reyes Pozo, lo desestimó.
En 24 horas se amplió la detención y ayer los tres funcionarios policiales fueron formalizados por el baleo que le costó la vida al colombiano Julián Andrey Jorquera Collazos.
Todo comienza el lunes 8 de julio, a partir de un llamado telefónico que poco antes de las dos de la tarde ingresó a la Central de Comunicaciones, donde una mujer pedía ayuda por un episodio de violencia intrafamiliar que estaba acaeciendo en calle Armando Sanhueza Nº1222, a tres cuadras de la Plaza de Armas.
Al interior se encontraba el ciudadano extranjero y su ex pareja (de nacionalidad boliviana). Ambos tienen una hija en común de 3 años de edad. El primero había regresado a Punta Arenas el domingo porque quería ver a la niña.
La madre aceptó que la viera, pero temía que se la quitara. Por eso el lunes, cuando tenía que irse a trabajar, no quería que la pequeña se quedara con el padre y le pidió que se fuera. Temía que la secuestrara.
En esos momentos fue que se generó una discusión entre ambos y la mujer le pide ayuda a una amiga. Y es esta persona la que termina llamando a Carabineros por una discusión en contexto de violencia intrafamiliar.
Baleo
Es así como llegan los tres carabineros a este domicilio. Ingresan al antejardín, escoltados por otros cuatro funcionarios, todos equipados con chalecos antibalas, cuando se asoma al umbral de la vivienda un hombre semi moreno, portando dos cuchillos en sus manos.
“En esos momentos los imputados desenfundan sus armas de servicio, todas pistolas semiautomáticas, calibre 9 milímetros, apuntando a la víctima a una distancia de 3 a 4 metros, requiriéndole que soltara los cuchillos que portaba”, según relató el fiscal.
“¡Quiero que me maten!”
Las partes se insultan mutuamente. De ahí el extranjero grita que ya no tiene nada por qué vivir y asegura que no le hará nada a su hija (de 4 años que estaba al interior de la vivienda). “¡Lo único que quiero es que me maten!”, le dijo a los carabineros. “Me voy a ir en contra de ustedes y los voy a amenazar”.
El fiscal detalló que en esos momentos, sin mediar agresión de parte de la víctima, los carabineros “proceden a dispararle en ocho ocasiones, en diferentes partes del cuerpo, impactándolo en cinco oportunidades”, que terminaron costándole la vida producto de una anemia aguda severa.
Violencia irracional
De acuerdo a la formalización, los policías ejercieron violencia innecesaria y sin motivo racional, “dado que el sector en que se encontraba la víctima habían otros funcionarios de Carabineros, todos debidamente armados y protegidos, sin que hubiera una situación que ameritara el disparo de las armas de fuego que portaban. Violencia innecesaria que en definitiva ocasionó el fallecimiento de Jorquera”, según dio cuenta el fiscal.
Juez rechazó
arresto domiciliario
El Ministerio Público pidió el arresto domiciliario total para los tres imputados. Pero el juez Reyes, luego de escuchar las extensas intervenciones de cada uno de los defensores y el fiscal, se inclinó por rechazar la solicitud y dio orden de libertad para los tres carabineros.
En la extensa resolución, entre otros argumentos, mencionó la necesidad de analizar todas las circunstancias que rodearon el hecho, no sólo el momento en que fue abatida la víctima. Era una persona que tenía retenida a una mujer y a una menor de 4 años de edad. El llamado de auxilio era justamente porque no se permitía la salida de la hija.
Y ahondó en que el denunciado tenía el “ánimo y voluntad de enfrentar a personal de Carabineros de Chile”.
Añadió que el primer disparo vino después de la previa advertencia por parte del personal policial, en la zona de las piernas, luego de ser instado a entregar las armas (dos cuchillos carniceros) que portaba, desoyendo tal solicitud.
“El primer disparo fue disuasivo, no obstante aquello el sujeto procede a desplazarse hacia el personal de Carabineros, en un espacio muy reducido, de modo que el ataque iba derechamente a quienes se encontraban apuntándole”.
Amenaza ilegítima
El magistrado concluyó que “personal de Carabineros sí enfrentó una amenaza de carácter ilegítima”, al momento de efectuar los disparos.
“Porque la víctima se sitúa en el umbral de la puerta, a cuatro metros y con dos cuchillos, con la intención de acercarse a los policías y ser abatido. Primero le disparan en las piernas. No obstante ello continúa desplazándose, con el objeto claro de agredir al personal policial”.
Se estimó que “el actuar (de Carabineros) fue racional”, razón por la cual el juez rechazó la petición de medidas cautelares.
Se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.
“Carabineros hizo lo que tenía que hacer”, planteó abogado de uno de los imputados
Anticipando que apelará ante la Corte de Apelaciones la resolución que negó el arresto domiciliario total de los tres carabineros, el fiscal Sebastián González insistió al término de la audiencia que en el actuar de los imputados hubo “un exceso en la función policial”.
Lo que buscaba era que estas personas no volvieran a cumplir estas labores, porque a su juicio ejercieron una violencia innecesaria.
“No entendemos que no se haya aplicado ninguna medida cautelar”.
En escena entró el abogado Juan José Srdanovic, quien asumió la defensa de uno de los carabineros y tomó vehementemente la palabra en la audiencia, pidiendo el rechazo del arresto domiciliario total.
En una arriesgada estrategia judicial pidió a su cliente declarar ante el juez y fiscal, para que de primera fuente conocieran la versión de lo ocurrido en la tarde del lunes 8 de julio. Arriesgado porque esta declaración judicial queda consignada en la investigación y el fiscal podía contrainterrogar, como lo hizo.
Pero todo apunta a que le fue muy bien en lo que planificó, ya que el juez desestimó imponer medidas cautelares, por lo que los tres imputados retornaron a sus domicilios después de la audiencia.
Esto sacó aplausos de la veintena de carabineros de civil que asistió a la audiencia apoyando a sus colegas. Algunos de los cuales se mostraron bastante hostil y pusieron trabas al trabajo de los medios de prensa.
Srdanovic dejó en claro que no hubo dolo de los policías y que actuaron acorde a los reglamentos creados por sus superiores y el Ministerio del Interior, “con las armas que el Estado de Chile les proporcionó par mantener el orden público y la seguridad de las víctimas”.
Añadió que en escena había una niña y una madre en peligro, “con un agresor que tenía antecedentes penales. Era un abusador sexual, condenado, y además tenía otro proceso y actuaba violentamente y tomaba cuchillos para agredir a su propia familia”.
Expresó que si la policía no actuaba como lo hizo, el imputado hoy sería Julián Jorquera, “por la muerte de su hija o la muerte de su pareja. Carabineros hizo lo que tenía que hacer, conforme a derecho. Evitó una desgracia. Y como dice el himno de la institución, duerme tranquila niña inocente. Eso es lo que hicieron. Permitió que esta señora, que era víctima de violencia intrafamiliar por parte de un abusador sexual condenado, pueda dormir tranquila esta noche y no tener que estar, como la otra víctima que tenemos en el tercer piso (refiriéndose al Tribunal Oral donde se ventiló un femicidio), que hoy descansa en el cementerio, porque en ese momento no pudo actuar Carabineros”.
Fiscal regional
“Nos manifestamos conformes con el resultado, puesto que el tribunal dio por acreditados todos los hechos que fueron presentados por la Fiscalía y que fueron objeto de la formalización”, afirmó el fiscal regional, Cristián Crisosto.
Jefe Estudios de la Defensoría
El jefe estudios de la Defensoría regional de Magallanes, Rodrigo Lillo, señaló estar satisfecho “porque en definitiva el juez acogió nuestra posición que en este caso no había un ilícito penal de violencia innecesaria por parte de los carabineros”.
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL.
