El reciente y violento ataque a pedradas sufrido por voluntarios del Cuerpo de Bomberos mientras combatían un incendio estructural al interior de un asentamiento irregular en el sector alto de Punta Arenas ha encendido las alarmas en el ámbito de la seguridad pública local. Este grave suceso se registra a tan solo dos semanas de otro hito delictual de similares características: el violento asalto y robo que afectó a un equipo médico y a una ambulancia del SAMU en plena calle Balmaceda. Ambos episodios dejan en evidencia la alarmante vulnerabilidad en la que opera la infraestructura crítica regional y los servicios de primera respuesta en la zona austral.
Para diversos analistas, la seguridad en la capital magallánica no puede seguir estructurándose bajo una lógica puramente reactiva frente a los hechos consumados. El incidente que afectó a la unidad de la Tercera Compañía confirma el diagnóstico de desprotección, pero añade un factor técnico aún más preocupante para la gestión gubernamental: la evidente falta de inteligencia preventiva y análisis predictivo del delito por parte de las autoridades políticas y policiales.
Un mapa de riesgo previsible y desconectado
Para el especialista en Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y estratega en Seguridad Integral, Luis Alberto Saldivia, la emboscada que sufrieron los «Caballeros del Fuego» en el campamento informal dista mucho de haber sido una sorpresa imprevista dentro del radar de contingencias urbanas:
“Públicamente se ha informado que este mes se procederá al desalojo formal de dicho asentamiento irregular. Cualquier análisis elemental de gestión de riesgos dictamina que un anuncio de esta magnitud eleva de inmediato los niveles de tensión, hostilidad y resistencia comunitaria dentro del perímetro. Sabíamos perfectamente que el territorio estaba bajo un escenario de alta complejidad socio-delictual”.
A juicio del experto, el error de fondo de los comités de seguridad radica en no haber cruzado este evidente mapa de vulnerabilidad territorial antes de despachar de forma rutinaria a las unidades de emergencia. Enviar a bomberos —quienes son civiles voluntarios armados únicamente con líneas de agua— a un sector con un proceso de desalojo judicial en curso, sin una escolta o un despliegue de resguardo policial coordinado por parte de Carabineros desde el primer minuto, refleja una desconexión crítica entre la información estratégica de las agencias del Estado y los protocolos operativos en la calle.
El tránsito hacia el análisis predictivo
La seguridad ciudadana moderna exige transitar con urgencia desde el modelo tradicional de patrullaje genérico hacia el análisis de datos predictivos en tiempo real. Saldivia plantea que si el Ejecutivo o los tribunales decretan una intervención de alta complejidad —como lo es la restitución de un terreno ocupado—, el Ministerio del Interior y las policías civiles están obligados por protocolo a levantar cuadrantes dinámicos de vigilancia y a coordinar alertas de peligro tempranas con las centrales de despacho de Bomberos (132) y del SAMU (131).
Con el fin de evitar que la espiral de violencia termine por inutilizar o mermar de forma permanente las capacidades logísticas de las instituciones de rescate en la región, los especialistas proponen tres medidas de aplicación inmediata:
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Mesas de inteligencia territorial integrada: Instancias técnicas donde confluyan datos municipales, policiales y vecinales para actualizar semanalmente los mapas de calor delictual.
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Protocolo automático de escolta en zonas críticas: Restricción de ingreso para ambulancias y carros bomba a perímetros catalogados como de «alta hostilidad» si no cuentan con el acompañamiento directo de patrullas de Carabineros.
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Sistemas de alerta y coordinación tecnológica: Integración digital de las centrales de despacho para anticipar bloqueos de rutas o emboscadas viales.
Fuente: El Pingüino
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