César Astudillo, fiscal jefe de Quillota, informó que se inició una investigación luego de que se diera a conocer que una veintena de trabajadores municipales celebraran un cumpleaños al interior de un gimnasio municipal, donde se incumplieron las medidas sanitarias.
El persecutor explicó que “se trata de un hecho grave (…) a través de una ley, se modificó el código penal y se estableció específicamente que era una circunstancia agravante el hecho de convocar o reunirse en celebraciones que estén prohibidas por la autoridad sanitaria, una de ellas como la que convoca ese hecho”.
“Son funcionarios municipales que usan dependencias municipales para realizar una celebración masiva en la que además se aprecia que no se tomó ninguna medida de seguridad, como uso de mascarilla o la distancia necesaria”, agregó Astudillo.
En este contexto, los trabajadores de la Oficina de Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) implicados, arriesgan hasta tres años de presidio en caso de ser condenados.
En primera instancia, el municipio reaccionó con una declaración pública. Ahí anunciaron la realización de un sumario “por error en protocolos de trabajo”.