Mientras la Contraloría fiscaliza al Ministerio de Justicia, el vocero Gonzalo Arenas cuestionó la urgencia por los decretos.
«El único tiempo que importa -o uno de los tiempos que importan- es cuándo van a presentar la AC», afirmó.
El subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, acusó a la oposición de montar un «circo político» con la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Las declaraciones se producen mientras la Contraloría fiscaliza en el Ministerio de Justicia los decretos firmados por el ministro Fernando Rabat.
El caso mantiene bajo alta presión al titular de Justicia, mientras los sectores opositores afinan los detalles de una acusación constitucional en su contra.
«Es una oposición que está tratando de montar un verdadero circo político para sacar provecho de un drama humano», alegó Arenas el miércoles.
A juicio del portavoz de La Moneda, «estas solicitudes de que se entreguen tan rápidamente los decretos tiene mucho que ver con ocultar que aquí tenemos una oposición que está tratando de poner al Gobierno en una situación difícil sobre los tiempos de respuesta».
«El único tiempo que importa -o uno de los tiempos que importan- es cuándo la oposición va a presentar la acusación constitucional», aseveró.
Cuestionamientos del INDH
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, cuestionó que el Ministerio de Justicia aún no responda el oficio enviado el 23 de octubre, en el que solicitaron conocer «las razones, fundamentos y criterios» de estas rebajas de condenas.
También calificó de «grave» que la Defensoría de la Niñez haya sido excluida de las instancias relacionadas con esta decisión.
«No entendemos las razones por las que esto ha sido hecho», advirtió Ljubetic.
En paralelo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de acuerdo que rechaza los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores, iniciativa que también recibió el respaldo de al menos 11 parlamentarios oficialistas.
