Un documento firmado entre Milei y Kast es interpretado en Argentina como un acuerdo para frenar envíos de carga chilenos a Malvinas. La diplomacia chilena califica el texto de “troyano argentino” y cuestionan que el texto haya sido visado por el Segundo Piso de La Moneda, sin revisión del Minrel.
“Se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada (Malvinas/Falkland)”. Esta frase al final de la declaración conjunta de los gobiernos de Chile y Argentina, suscrita en la bilateral del Presidente J. A. Kast y su par Javier Milei en septiembre, se ha convertido en el último episodio de tensión diplomática entre La Moneda y La Casa Rosada.
El documento suscrito, afirman en el Edificio Carrera, no pasó por el escritorio de la Cancillería, sino que fue visado solamente por el Segundo Piso de La Moneda. Y la frase, denominada “el troyano argentino”, alimenta un foco de tensión bilateral.
El próximo 11 de noviembre el buque chileno Danstar partirá desde Punta Arenas a Puerto Stanley con una carga de material logístico. Una parte de la carga, afirman desde Buenos Aires a El Mostrador, iría a los habitantes de las islas Malvinas/Falkland.
Otra fracción serían compras para Sea Lion, un yacimiento petrolero offshore situado en la Cuenca Norte de las islas británicas, y que actualmente está pasando de la fase de exploración a la de desarrollo para producir petróleo comercialmente en 2028.
Esta semana el Finantial Times informó del riesgo de que la marina argentina intercepte el buque comercial chileno cuando navegue hacia las islas, lo que ha generado malestar al interior de la Cancillería chilena.
La alerta adquirió una dimensión política este viernes 9 de octubre, cuando el senador por Magallanes Alejandro Kusanovic (Ind-RN) solicitó una sesión secreta del Senado para examinar el riesgo de un incidente naval y conocer las medidas que el Gobierno ha adoptado para prevenirlo.
El eventual conflicto involucra al Danstar, una embarcación de 72 metros de eslora y bandera chilena, perteneciente a Easter Island Naviera, con la que se pretende restablecer una conexión comercial entre Punta Arenas y Puerto Stanley. La ruta permitiría transportar alimentos, materiales de construcción y otros suministros a las islas, pero su recorrido podría enfrentar restricciones impuestas por Argentina a embarcaciones que se dirigen a un territorio cuya soberanía reclama.
El factor Sea Lion y la advertencia de interceptación
La preocupación aumentó después de que el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, planteara el 6 de octubre ante comisiones de la Cámara de Diputados de su país la posibilidad de detener el buque si se consideraba que transportaba suministros vinculados con el proyecto petrolero Sea Lion.
Aunque Morales no representa oficialmente a la Armada ni al Gobierno de Milei, la controversia adquirió mayor relevancia porque coincide con una ofensiva legislativa argentina para reforzar las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
El Gobierno de Milei presentó en septiembre un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, actualmente sometido a discusión en el Congreso argentino, que contempla penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades de explotación no autorizada de recursos naturales.
Una ley argentina que eleva la presión
La propuesta incluye multas, decomisos e inhabilitaciones comerciales para empresas involucradas en operaciones que Argentina considere ilegales. También amplía instrumentos de actuación estatal frente a amenazas a su soberanía.
En ese contexto, los senadores por Magallanes Karim Bianchi (Ind) y Alejandro Kusanovic (Ind-RN) tampoco están conformes con el desempeño de la Cancillería en el caso Falkland.
El senador Bianchi ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para requerir un informe técnico-jurídico urgente sobre el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” (Mensaje N° 275/2026) presentado por el Gobierno argentino. La iniciativa busca aplicar penas de hasta 20 años de cárcel, inhabilitaciones comerciales e interdicción marítima a embarcaciones en el Atlántico Sur.
Bianchi exige reciprocidad: “Argentina tiene mucho más que perder”
El parlamentario advirtió que hay preocupación por la seguridad de la navegación civil en Magallanes y sobre el alcance extraterritorial de la propuesta argentina, la cual faculta al Comando Conjunto Marítimo y a la Prefectura Naval de Argentina a emplear la fuerza armada, contemplando expresamente “disparos de inutilización” contra buques “infractores”.
“Si Argentina pretende interceptar un buque chileno, yo pido a nuestro Gobierno y a la Armada a hacer lo mismo con todos los buques de bandera argentina (…) Argentina tiene mucho más que perder”, sostuvo e incluso planteó extenderlas al transporte terrestre y al uso de puertos chilenos. Además, exigió a la Cancillería solicitar garantías formales a Buenos Aires para la navegación del Danstar y preparar un plan de contingencia ante una eventual detención.
Por su parte el senador Kusanovic advirtió que el conflicto con Argentina por la ruta marítima a Puerto Stanley terminará perjudicando las relaciones económicas de Magallanes y Aysén con el país vecino, por lo que emplazó a la Cancillería a buscar una solución diplomática.
El parlamentario alertó que una escalada tendría consecuencias sobre el comercio de la Zona Franca y el tránsito de camiones chilenos por territorio argentino, por lo que cuestionó la conducción chilena de las controversias territoriales. “Cuando teníamos que ser enérgicos con la plataforma continental, con Campos de Hielo, hemos sido blandos; y ahora que teníamos que ser cautos, somos duros”, afirmó.