El Ministerio Público ingresó su acusación en el Caso Factop. Entre los más de 300 testigos, se encuentran cuatro exministros del Interior, un juez de la Corte Suprema y la reconocida animadora Tonka Tomicic.
La Unidad de Investigación de Bío Bío tuvo acceso al libelo presentado por la persecutora de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La acusación apunta contra seis personas: el abogado Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos, los hermanos Daniel y Ariel Sauer, el empresario Antonio Jalaff y Luis Flores, exgerente general de STF Capital Corredores de Bolsa.
A ellos se les imputan delitos como estafa, invasión al giro bancario, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, soborno, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos.
Para acreditar todo eso, la fiscalía ofreció 339 testigos, la mayoría víctimas, funcionarios de la PDI y Carabineros, fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) y extrabajadores de Factop. Pero en la lista figuran también altas figuras de la política y la magistratura, como el exministro del Interior Andrés Chadwick, el supremo Jean Pierre Matus y el lobista Darío Calderón, más conocido como el Conde Negro.
FACTURAS FALSAS
Según la fiscalía, los hermanos Sauer y el ya condenado Rodrigo Topelberg captaron durante años, a través de Factop, el dinero de amigos, familiares y otras personas de su círculo. A cambio, los socios ofrecían intereses mensuales de alrededor del 1%, supuestamente respaldados por operaciones de factoring.
Para aparentar que el negocio era sólido, la empresa emitía miles de facturas ideológicamente falsas desde sociedades propias y relacionadas. Sólo Comercial Textil Ziko, una antigua empresa de telas controlada por los hermanos, facturó entre 2019 y 2023 más de $58 mil millones a más de mil receptores distintos.
El dinero, sin embargo, no iba a parar a operaciones de factoring, sino que los socios lo destinaban a financiar a personas de su círculo cercano, entre ellas los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, que obtuvieron líneas de crédito por unos $4.500 millones cada uno, e incluso Hermosilla, a quien se le abrió una sublínea de $356 millones.
Cuando Antonio Jalaff ya no pudo pagar sus deudas, que rondaban los $28 mil millones, ejecutivos de LarrainVial crearon el Fondo de Inversión Capital Estructurado I. Según el libelo, “el verdadero objeto del Fondo era pagar las deudas” del empresario, incluidas las que mantenía con Factop, con dinero de inversionistas que terminaron perdiendo el 93% del valor de sus cuotas.
LOS MINISTROS DE PIÑERA
Andrés Chadwick aparece en uno de los capítulos más delicados de la acusación: el del proyecto industrial Parque Capital, de 399 hectáreas en Lampa. De acuerdo con la fiscalía, en 2019 el ya condenado Álvaro Jalaff acordó pagarle a Hermosilla cerca de 10.000 UF para que destrabara los permisos del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, que venían siendo rechazados por la autoridad.
Entre 2018 y 2022, Hermosilla se desempeñó como abogado asesor del Ministerio del Interior mediante contratos a honorarios, periodo en que trabajó con Chadwick (Unión Demócrata Independiente) y sus sucesores, Gonzalo Blumel (Evópoli), Víctor Pérez (UDI) y Rodrigo Delgado (UDI). Los cuatro figuran en la lista de testigos. En el caso de Delgado, la fiscalía pretende que declare además sobre su relación comercial con Factop a través de la sociedad San Benito SpA.
Según la fiscalía, Hermosilla usó la cercanía con su exjefe para llegar hasta la cartera de Vivienda:
—Durante junio de 2020, por intermedio de Andrés Chadwick Piñera, sostuvo reuniones con el entonces Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward Edwards —expresa la acusación—. Posteriormente, el 7 de agosto de 2020, convocó a una reunión reservada en sus oficinas a Felipe Ward y al entonces Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, Manuel José Errázuriz Tagle, ocasión en la que requirió expresamente que se destrabara la tramitación del proyecto y se otorgara una pronta resolución favorable.
Desde entonces, de acuerdo con el Ministerio Público, Hermosilla mantuvo contacto permanente con Errázuriz y obtuvo información sobre el avance del trámite. Los informes favorables para la construcción se aprobaron el 10 de agosto de 2021, pese a informes técnicos desfavorables de los propios funcionarios de la seremi. Fue Errázuriz quien le comunicó directamente a Hermosilla que se habían aprobado los informes; tanto él como Ward (UDI) figuran en la lista de testigos.
A ellos se suma Sebastián Sichel, actual alcalde de Ñuñoa, quien presidía BancoEstado en 2020. La fiscalía pretende que declare sobre las comunicaciones que mantuvo con Hermosilla y una solicitud de crédito de la sociedad Doña Soledad. De acuerdo con el mismo libelo, esa sociedad transfirió más de $108 millones a Inversiones San Antonio, la empresa de Antonio Jalaff.
EL SUPREMO
El nombre de Chadwick vuelve a cruzarse con el de Hermosilla en otro episodio. En noviembre de 2019, el abogado asesoró a la defensa del entonces ministro del Interior en la acusación constitucional presentada en su contra tras el estallido social.
Además, contó con la participación de Jean Pierre Matus, en ese momento académico y hoy ministro de la Corte Suprema, y con un informe en derecho del penalista alemán Kai Ambos. Según la fiscalía, Hermosilla no tenía saldo suficiente en sus cuentas para cubrir esos costos, por lo que le pidió “de manera urgente” financiamiento a Daniel Sauer.
Así, desde STF Capital se transfirieron 25.000 euros a una cuenta de Ambos en Alemania. El 14 de noviembre de 2019, Hermosilla giró además un cheque por más de $14 millones a nombre de Matus que, según el libelo, fue cubierto con fondos provenientes de Factop.
La fiscalía busca que el supremo declare sobre las gestiones que le solicitó Hermosilla para la defensa de Chadwick, la contratación de Ambos y el pago de esos trabajos. Matus no figura como imputado en la causa.
Hasta ahora, el organismo persecutor no ha comunicado cargos contra el exministro y primo de Sebastián Piñera.
LA CAJA NEGRA
El 22 de junio de 2023, Hermosilla citó a Villalobos y a Daniel Sauer a su oficina en Vitacura. La abogada grabó esa conversación y el registro, revelado en noviembre de ese año, se convirtió en el audio que destapó el caso. En él, Hermosilla le pedía a Sauer “armar una caja para gastos, una caja negra” para seguir pagando dádivas a funcionarios públicos.
Uno de ellos era Patricio Mejías, exfuncionario del SII ya condenado, quien recibía pagos mensuales de Villalobos a cambio de revisar la situación tributaria de sociedades ligadas a los imputados. De acuerdo con la fiscalía, la abogada también le pidió consultar por 13 Lunas SpA y Diamond SpA, dos empresas vinculadas a Tonka Tomicic, que no está imputada.
Al día siguiente de la reunión, Hermosilla —actuando como intermediario entre su clienta y Villalobos— le envió a la abogada la foto de un depósito en efectivo por $2 millones realizado por Tomicic. El 28 de junio le remitió un segundo comprobante por $1 millón, junto con la clave tributaria y el RUT de Diamond SpA, para que Mejías acreditara el domicilio de la sociedad y modificara su correo de notificaciones.
Según los registros del SII incluidos en el libelo, Mejías consultó los antecedentes de Diamond SpA en 30 oportunidades durante 2023. La fiscalía pretende que la animadora declare sobre su vínculo con Hermosilla y Villalobos, las gestiones que estos realizaron en su favor y los pagos asociados.
EL CONDE NEGRO
Otro de los nombres de la lista es Darío Calderón González, el Conde Negro —apodo que le acuñó Eduardo Bonvallet por su cercanía con dirigentes del fútbol—. El expresidente de NutreChile es uno de los lobistas mejor conectados del país y figura como imputado en la trama de corrupción de la Junaeb, causa en la que en agosto le incautaron su teléfono.
La fiscalía pretende citarlo en su calidad de director de Grupo Patio, el holding inmobiliario del que los hermanos Jalaff fueron socios hasta 2024. El Ministerio Público busca que Calderón declare sobre las deudas de Antonio Jalaff y los métodos de financiamiento que utilizó, en particular respecto del Fondo Capital Estructurado I.
Su testimonio también forma parte del capítulo de lavado de activos. En esa parte, la fiscalía sostiene que los dineros obtenidos de Factop fueron integrados al patrimonio de los imputados y utilizados para pagar deudas, comprar propiedades y vehículos y financiar sus gastos personales.
El vínculo de Calderón con los Jalaff no se limita al directorio. Según publicó La Tercera, Villalobos declaró ante la fiscalía que las constituciones de sociedad de los Jalaff pasaban por Calderón y Hermosilla.
DE LA TELEVISIÓN A CONCEPCIÓN
La lista incluye también a Andrea Molina, exconductora de televisión y exparlamentaria. Según el libelo, la fiscalía pretende que declare sobre un préstamo que le otorgó Factop, las negociaciones que realizó con los acusados y la relación comercial que su entonces pareja, Jorge Peralta, mantuvo con la empresa.
El conocido empresario penquista Munir Hazbún, en tanto, fue incluido por su vínculo con Villalobos, los hermanos Sauer y Antonio Jalaff. La fiscalía busca que declare sobre facturas de sus empresas y de la Universidad Bolivariana vinculadas con Factop, que según el Ministerio Público no daban cuenta de negocios reales.
Hazbún no está imputado, pero su nombre aparece en el capítulo de los sobornos. Según la acusación, el empresario proveyó a Villalobos de sumas de dinero por distintos conceptos, “entre los cuales se encuentran los honorarios profesionales de aquella y montos de dinero destinados a sobornar” a Renato Robles, exfuncionario de la Tesorería General de la República ya condenado. Robles consultó los sistemas de Tesorería por sociedades como la Inmobiliaria Santa Martina y la Universidad de Aconcagua.
Por último, figura el abogado Nicolás Zaliasnik, hijo del embajador Gabriel Zaliasnik, como asesor de Rafael Mery, uno de los acreedores de Antonio Jalaff. La fiscalía pretende que declare sobre la negociación con Álvaro Jalaff para canjear esa deuda por cuotas de la serie A del Fondo Capital Estructurado I, y sobre el perjuicio que sufrió su representado.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de preparación del juicio oral del Caso Factop para el martes 13 de octubre, a las 09:00 horas. En esa instancia se definirán las pruebas y los testigos que llegarán finalmente al juicio.