La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), institución que por más de 35 años se ha dedicado al apoyo de las chilenas, está a punto de cerrar. A este paso, el organismo público, cuyos programas y talleres han ayudado a más de un millón de mujeres desde 1990, no tendría cómo terminar el año. Solo contarían con el capital para pagar remuneraciones hasta octubre de 2026.
Según información recabada por Bío Bío Investiga, la institución —creada por Leonor Oyarzún, esposa de Patricio Aylwin, y la primera en proteger a las mujeres— cerrará en diciembre de 2026, aun cuando la ministra Judith Marín afirmó que no habría recortes en programas tras el ajuste pedido por su par de Hacienda, Jorge Quiroz.
De acuerdo con fuentes consultadas por esta Unidad de Investigación, la decisión fue tomada por la propia titular de la cartera. Esto, a raíz de una deuda que se acrecentó durante el gobierno de Gabriel Boric y que se cuenta en miles de millones de pesos.
La bola de nieve que no para de crecer
La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer partió en 1990, con el retorno a la democracia. Un periodo que justamente estuvo marcado por demandas de las chilenas. La primera dama del expresidente Patricio Aylwin, Leonor Oyarzún, encabezó la iniciativa. Una de las primeras actividades de esta organización fue un concurso de poemas, que reunió las voces de mujeres a lo largo de todo el país.
En el discurso del primer aniversario de Prodemu, Leonor declaró que el concurso había tenido una respuesta muy positiva. Los trabajos recibidos eran de una muy alta calidad.
—Las participantes de este concurso —dijo la primera dama— no son mujeres que hayan tenido la oportunidad de acceder a una formación profesional o intelectual. Ello nos alienta a continuar abriendo espacios donde la mujer pueda expresar sus vivencias, su creatividad y sus anhelos.
Desde entonces, y a lo largo de sus 35 años, la institución ha contribuido con programas relevantes. Aquí figuran “Sonrisa de Mujer” —liderado por la primera dama Luisa Durán del expresidente Ricardo Lagos, que ayudó a mejorar la salud bucal de mujeres de escasos recursos—, y “Elige Vivir Sano”, impulsado por Cecilia Morel. El objetivo de este último era prevenir la obesidad y las enfermedades producidas por el sedentarismo y una mala alimentación.
Sin embargo, todo comenzó a irse a pique en 2022, cuando a Irina Karamanos —entonces pareja del presidente Gabriel Boric— se le ocurrió traspasar las fundaciones a cargo de la Dirección Sociocultural de la Presidencia a distintos ministerios.
Esta decisión —según dijo Karamanos— fue, entre otros factores, motivada por la necesidad de “modernizar” el rol de primera dama.
—Lo que estamos tratando de hacer es que no haya incidencia en la institucionalidad a propósito de valores democráticos. Esta figura no es electa, nadie elige a su pareja pensando que algún día va a ser autoridad, tener una oficina o acompañar a la pareja al trabajo. Todo este tipo de símbolos son complejos cuando uno se pone a pensar cómo se toman las decisiones— expresó Karamanos antes de cerrar la Coordinación Sociocultural de la Presidencia.
Más allá de las intenciones de la ex Primera Dama, el traslado significó que Prodemu pasara a manos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Se trata de una cartera con vicisitudes propias como cualquier otra: cuenta con un presupuesto limitado que debe ser compartido con otros programas de los que está a cargo.
—Nos dejó en el limbo —se lamenta una funcionaria consultada.
Las dos querellas
El escenario se complejizó aún más cuando —de acuerdo con querellas a las que accedió este medio— una de las exdirectoras de la fundación junto al exdirector financiero gestionaron ante BancoEstado en 2024 “una línea de crédito de $500 millones para emergencias y otra línea de $500 millones destinada a boletas de garantía”. Esta solicitud —reza el libelo— habría sido realizada sin autorización previa del directorio de Prodemu, desencadenando una investigación interna y la acción judicial. En simple, endeudaron al organismo en $1.000 millones más intereses.
Más tarde, Prodemu lanzó una nueva ofensiva judicial. Esta vez, por administración desleal, dirigida a “quienes resulten responsables”. El acto legal, que además plantea como posibles delitos la malversación de caudales públicos y fraude al fisco, sostiene que durante 2024 y 2025 varios convenios financiados con recursos públicos registraron rendiciones no respaldadas y gastos rechazados. Según la presentación, se habrían utilizado recursos de convenios, como el de Sernameg, para pagar obligaciones de otros convenios, como aquellos vinculados a Indap.
“La documentación revela que los responsables de la administración financiera conocían que las cuentas específicas de los convenios incumplidos no disponían de fondos suficientes para solventar los reintegros exigidos por los organismos públicos financiadores”, expone el escrito. Por esta razón, “se decidió utilizar recursos provenientes de otro convenio, con un destino presupuestario y jurídico distinto, es decir, a sabiendas de que se generaría un déficit insalvable”.
En buen chileno, una bicicleta financiera.
