En un nuevo conflicto en su relación con Junaeb se encuentra la empresa Soser, que ya había estado en la palestra los últimos meses por supuestamente no haber entregado raciones por las que se le había pagado durante años. Esta vez la controversia se trasladó hasta el Biobío, donde fiscalizaciones por irregularidades terminaron con una multa de $144 millones que hoy la compañía busca revertir ante el Tribunal de Contratación Pública. La compañía acusa errores en el proceso, falta de instancias de corrección y sanciones por hechos que no serían su responsabilidad.
Hasta la Fiscalía llegó en el mes de mayo la relación contractual de la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación (Soser S.A.) con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), tras develarse que a la compañía se le habrían pagado más de $14 mil millones de pesos pese a no entregar ninguna ración de comida. Las acusaciones tenían su origen en el marco del funcionamiento del programa principalmente en la Región de O’Higgins, e incluso llevaron a que la empresa se querellara contra el director de Junaeb, Fernando Peña, por los delitos de denuncia calumniosa y prevaricación administrativa.
Sin embargo, la controversia no se limitó a aquella región, y es que a más de 400 kilómetros Junaeb ya había detectado supuestos incumplimientos de la empresa con sus obligaciones de entrega, que alcanzaban los $144 millones de pesos en al menos ocho liceos y colegios de Los Ángeles y Cañete. Aunque la multa hoy se encuentra siendo cuestionada en el Tribunal de Contratación Pública, alegando la empresa que la sanción habría sido ilegal y solicitando al tribunal que anule completamente la resolución y abra un nuevo procedimiento.
Específicamente, Soser acusa que la institución la sancionó por incumplimientos de situaciones que no eran atribuibles a ella, por ejemplo, al multarla por falta de alimentos en establecimientos donde el servicio se entregó al 100%, o donde las raciones no servidas respondieron a inasistencias de alumnos, suspensiones de clases u otras causas externas. Además, cuestionó que Junaeb no respetara periodos de corrección antes de cursar la multa, rechazara pruebas para subsanar las acusaciones y que, al resolver un reclamo por la multa, esta se aumentara en vez de disminuir, sin darle una nueva instancia de defensa.
La controversia ya ingresó al TCP, desde donde –previo a la admisibilidad– se pidió a Junaeb el pasado 1 de junio entregar la información relacionada con las acusaciones, dando un plazo de 10 días hábiles.
Consultados por Radio Bío Bío, desde Junaeb informaron:
“Fuimos notificados sobre esta acción, es una demanda específica contra una resolución de multas de julio de 2025.
En todo caso, es parte de los procedimientos habituales que existen cuando se generan multas contra las empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar.
Junaeb tiene actualmente más de 64 mil millones de pesos en demandas por parte de varias empresas desde 2015. Ellas están en su derecho de buscar todas las instancias que les permite la normativa vigente para que se anule una sanción o se rebaje el monto.
Por otro lado, es nuestro deber supervisar la ejecución de este beneficio, cursar multas y asegurarnos que lo que reciben nuestros estudiantes esté en las mejores condiciones y, por tanto, que los recursos fiscales estén bien utilizados”.
Junaeb vs. Soser
Desde 2024 se lleva discutiendo la multa respecto a los supuestos incumplimientos de Soser, que se habrían descubierto en fiscalizaciones realizadas durante el primer semestre de aquel año.
Inicialmente, el organismo notificó multas por sobre $171 millones de pesos, pero estas fueron disminuidas a $141 millones luego de los descargos presentados por Soser. Al no haberse aceptado todos, en julio de 2025 la compañía volvió a reclamar la decisión. Esta vez, el resultado empeoró la situación de la empresa, aumentando la multa a $144.585.603, monto que hoy Soser pide resolver al Tribunal de Contratación Pública, solicitando anularla o, en subsidio, reducirla argumentando que no debiese superar los $75 millones.
Específicamente, son siete las acusaciones que Soser busca desestimar.
Entre las principales, la empresa alega que se le aplicó una multa por $69 millones de pesos por supuestamente no haber entregado toda la materia prima necesaria para prestar el servicio de alimentación. Sin embargo, la compañía cuestiona que esto haya sido así.
De acuerdo a su argumentación, en seis de los establecimientos cuestionados, los propios fiscalizadores de Junaeb habrían certificado que el servicio fue entregado al 100%. Además, en 18 casos las raciones no entregadas se habrían debido a baja asistencia de estudiantes en los primeros días de clases y no a problemas de abastecimiento, y hubo casos en que la falta de entrega se habría explicado por suspensión de actividades, paros estudiantiles, no asistencia de alumnos al comedor o rebajas solicitadas por la propia Junaeb. En otros tres casos, reconoció problemas de stock de proveedores, pero indicó que habría reemplazado los productos por otros equivalentes y que los alumnos sí recibieron su alimentación.
En otro caso, Junaeb notificó una multa de $16 millones, ya que Soser presuntamente no habría cumplido con la cantidad mínima de manipuladoras de alimentos exigida según la cantidad de raciones asignadas. Pero Soser afirmó que Junaeb calculó la cantidad de manipuladoras en base a las raciones asignadas en el contrato y no a las efectivamente servidas, viéndose alterado el cálculo por una menor asistencia de estudiantes en los primeros días de clases.
Otro punto cuestionado fueron los problemas de calidad de materias primas –asignándose una multa superior a los $12 millones de pesos–, observándose situaciones como envases de arroz con microperforaciones, respecto de las cuales Soser argumentó que eran características propias del proceso de fabricación del proveedor y no un problema sanitario, agregando también que habrían tomado medidas preventivas y entregado antecedentes para acreditar la situación.
Por estas y otras situaciones, la empresa argumenta que la multa notificada supera los incumplimientos reales, solicitándole al Tribunal de Contratación Pública que ordene repetir el proceso, o en su defecto, que se ajusten las multas que –según el cálculo de Soser– debiesen reducirse a alrededor de la mitad.
