Punta Arenas. — Una investigación de más de cinco meses liderada por la Fiscalía Regional de Magallanes permitió desbaratar una red que operaba al interior de la planta de revisión técnica de calle Condell, en Punta Arenas, donde al menos 10 personas fueron detenidas —entre ellas, trabajadores de la planta, clientes y un funcionario de Carabineros— por su presunta participación en un esquema de cohecho, soborno y certificaciones fraudulentas de vehículos.
Los hechos
De acuerdo con la formalización realizada por el Ministerio Público, los imputados se encuentran investigados por delito de cohecho agravado o reiterado y por infracción al artículo 192 letra G de la Ley de Tránsito, que sanciona la emisión indebida de certificados de revisión técnica.
Según detalló el fiscal regional Cristián Crisosto, cada funcionario imputado habría emitido de manera irregular entre 200 y 300 certificados, lo que eleva el número total a más de 2.000 vehículos durante 2025. La cifra podría aumentar una vez que se revisen registros de años anteriores (2024 y 2023).
Cómo operaba la red
La investigación estableció que los interesados contactaban a los funcionarios de la planta principalmente por llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp. Luego, enviaban la fotografía de la patente y, una vez en la fila para la revisión técnica, dejaban entre $20.000 y $40.000 pesos chilenos en el interior del vehículo.
Con esta maniobra, los automóviles obtenían la aprobación de revisión técnica sin cumplir las exigencias reglamentarias, generando un grave riesgo para la seguridad vial y vulnerando la fe pública.
Implicación de un funcionario policial
Uno de los imputados es un suboficial de Carabineros, jefe de la Sección Centauro Técnico, unidad encargada de fiscalizar conductores en las calles de Punta Arenas. Según la Fiscalía, este funcionario no formaba parte directa de la red de la planta, pero fue vinculado a un hecho puntual con uno de los trabajadores: no cursó infracciones ni detuvo a un imputado, pese a estar en flagrancia.
En este caso, el tribunal sí acogió la solicitud de prisión preventiva, considerando que se cumplen los elementos del delito de cohecho agravado o reiterado. El suboficial se encontraba próximo a su retiro de la institución.
Decisión judicial y medidas cautelares
La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para todos los imputados; sin embargo, el tribunal no la concedió respecto de los funcionarios de la planta de revisión técnica.
El juez argumentó que, al no ejercer estos trabajadores una función pública en sentido estricto, no se configuraría el delito de cohecho como funcionario público, y además manifestó dudas respecto de la aplicación del artículo 192 de la Ley de Tránsito.
En consecuencia, los funcionarios fueron dejados en libertad con arraigo regional.
En el caso del carabinero imputado, el tribunal sí decretó prisión preventiva por considerar que concurren todos los elementos del delito. La institución policial informó que el suboficial fue dado de baja.
El resumen de lo presentado el día de ayer lo informa la fiscal Johanna Origen de la investigación
El caso se destapó gracias a una conversación telefónica interceptada en la que se mencionaba a un carabinero involucrado. A partir de la revisión de los teléfonos incautados a uno de los imputados, se encontraron mensajes y respaldos de audio en WhatsApp que permitieron identificar al funcionario policial.
Reacción de Fiscalía
El fiscal regional Crisosto calificó el caso como “de suma gravedad”, ya que afecta directamente la seguridad pública y la credibilidad de los sistemas de control técnico vehicular.
“Estamos hablando de más de dos mil vehículos que podrían estar circulando sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad. Es un caso que atenta contra la confianza pública”, afirmó.
La Fiscalía evalúa apelar a la resolución judicial que no acogió la prisión preventiva para los trabajadores de la planta.
“Vamos a revisar los recursos que se pueden presentar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones”, adelantó Crisosto.
📅 Lo que viene
La investigación continúa abierta. Se espera ampliar la revisión de antecedentes para determinar si hubo más personas involucradas y si la red operó en años anteriores. La Fiscalía no descarta nuevas formalizaciones.
Depto. de Prensa Radio Magallanes
