El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de su fiscalización a municipios que reciben ingresos por el royalty minero, revelando que un 61% de ellos no han cumplido con la obligación de consignar el uso de estos recursos en sus sitios de transparencia activa.
En esa línea, el organismo llevó a cabo una fiscalización para analizar la recaudación y el destino de los aportes entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios de royalty minero correspondientes a 2024 y una muestra de 2025.
Según detallaron desde CPLT, se evaluó el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos correspondientes al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial (denominados ‘Fondos Puente’).
Esto, «en conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y especialmente en la Ley N°21.591, que es la que establece este impuesto específico que se aplica a las grandes empresas explotadoras mineras, así como el deber de las municipalidades de informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos recursos».
Así, la metodología fue una revisión masiva de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades durante 2024 y la realización de solicitudes de acceso a la información a la SUBDERE de las 20 municipalidades que más recursos reciben por royalty minero.
Hallazgos
Dentro de los hallazgos, «se pudo constatar que un 61% de las municipalidades beneficiarias de los Fondos Puente (187) no cumplió plenamente con la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa los reportes sobre el uso de estos recursos en el ítem ‘Información Presupuestaria’, sub ítem ‘Informe fondos transitorios Royalty a la Minería. Ley de Presupuestos 2024′».
Cabe destacar que las comunas beneficiarias fueron 307, entre las que se distribuyó un total de $93.645 millones, «los cuales son de libre disposición para los propósitos que cumplen las municipalidades, con la limitación de que no pueden utilizarse para el pago de deudas».
En relación con los tipos de incumplimiento de los 187 municipios con infracciones, «estos fueron no habilitar el sub ítem específico de Royalty, no publicar los reportes de rendición de fondos, subir información incompleta o publicar los reportes en un sub ítem distinto al que establece la normativa».
Además, de las 38 comunas que no recibieron Fondos Puente, pero igualmente debían informar en sus portales que no eran beneficiarias, un 24% no cumplió con esta obligación.
En cuanto a la ejecución de los recursos en 2024, se estableció que «la totalidad de los municipios beneficiarios de los Fondos Puente imputaron los dineros a algún ítem presupuestario, de los que un 97% reporta haber hecho algún gasto con cargo a estos».
De ellos, un 37% de los fondos se destinó a iniciativas de inversión, un 23% a bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a gastos en personal.
Municipios
El análisis también realizó un ranking de los mayores receptores de dineros por el royalty minero. Así, se reveló que entre los cinco mayores receptores se encuentran Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana. Por su parte, el gasto más alto reportado corresponde a una transferencia de la Municipalidad de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (CODEDUC) por $1.670 millones.
Le sigue la Municipalidad de La Pintana en recarpeteo de calles por $1.332 millones; La Granja en aseo domiciliario por $732 millones; Cerro Navia en pago de sueldos por $628 millones y San Ramón en aseo de calles y mantención de jardines por $514 millones.
En tanto, para el año 2025, en que la publicación de transparencia activa dejó de ser obligatoria para las municipalidades, se revisaron los sitios de transparencia activa de esos 20 municipios para ver si realizaban publicaciones voluntarias de la rendición de estos fondos, arrojando que solo el 20% reporta voluntariamente algún tipo de información sobre la ejecución de los recursos.
«Brechas importantes de transparencia»
Sobre estos hallazgos, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que «la normativa es clara al establecer que los recursos provenientes del royalty minero que se distribuyen a las municipalidades deben gastarse en promover la inversión, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades».
«Asimismo, se trata de cuantiosas sumas de dineros públicos. Por ello, conocer cómo se gastan es una materia de alto interés público, que los ciudadanos tienen derecho a conocer», apuntó González.
A su juicio, «los resultados de nuestra fiscalización evidencian que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos. El compromiso de nuestra corporación es a acortar esta brecha con todas las herramientas que la ley nos otorga».
Fuente: Emol.com
