De izquierda a derecha: Yamandú Orsi, Lula da Silva, Gabriel Boric, Pedro Sánchez y Gustavo Petro.
Esta mañana comenzó en el Palacio de La Moneda la cumbre «Democracia Siempre», instancia organizada por el Gobierno de Chile que reúne a cinco presidentes representantes del progresismo y que tiene por finalidad discutir y elaborar una serie de directrices en torno al panorama político actual en Iberoamérica, las que serán defendidas en la Asamblea General de la ONU de septiembre próximo.
Los presidentes Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) llegaron a la sede del Ejecutivo nacional tras aceptar la invitación de Gabriel Boric, en su primera cumbre internacional como anfitrión. Algunos de los participantes de la reunión enfrentan diversas complicaciones en sus países, varias de ellas relacionadas con escándalos de corrupción que han abierto una serie de frentes internos, con críticas tanto de la oposición como del oficialismo. Estos son los casos más notorios:
Pedro Sánchez y una crisis que no decae
De los cuatro invitados a la cumbre, no hay dudas de que el más complicado es el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El también líder del Partido Socialista (PSOE) enfrenta diversos casos de corrupción que involucran a excolaboradores estrechos e incluso a su propia familia. Con este escenario, el dirigente anunció una serie de medidas que no dejaron tranquila a la oposición que exige su renuncia, ni al propio oficialismo que pide soluciones más extremas. El hecho que más compromete al Mandatario es el llamado «caso Koldo», llamado así por Koldo García, una persona de la máxima confianza de José Luis Ábalos, ministro de Transportes hasta 2021 y quien por años fuera parte del circulo íntimo de Sánchez. El funcionario, detenido en febrero de 2024, está acusado de estar en el centro de un esquema que generó al menos 9,5 millones de euros en comisiones ocultas en contratos de venta de mascarillas por 53 millones de euros a la administración pública durante la pandemia.
Meses después, la investigación también salpicó al hasta hace poco número tres del PSOE y también excolaborador del jefe de Gobierno español, Santos Cerdán, quien en junio renunció al cargo de secretario de Organización de la colectividad luego de que un informe policial revelara su implicancia en el caso Koldo con montos que rondaría los 620.000 euros. Con estos antecedentes, el Tribunal Supremo de España ordenó «el ingreso en prisión incondicional y sin fianza» del exdirigente, en su calidad de sospechoso de los delitos de pertenecer a «organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales». Todo esto ocurre mientras también avanza la investigación contra la pareja del Mandatario español, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, luego de que se le acusara de haber recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas. Por otro lado, el hermano del líder del PSOE, David Sánchez, es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Con estos antecedentes, la oposición española liderada por el Partido Popular (PP) y Vox ha llamado a Pedro Sánchez a que dé un paso al costado y convoque a elecciones anticipadas; ante la imposibilidad de estas colectividades de presentar una moción de censura que pueda prosperar, al no contar con los votos suficientes en el Congreso.
El líder del Ejecutivo español reconoció que pensó dimitir y convocar a nuevos comicios, sin embargo, descartó esa posibilidad porque se considera un «político limpio» desconocedor de las corruptelas que lo acechaban, porque está convencido de que podrá recuperar la confianza de sus socios parlamentarios y porque todavía le falta tiempo para culminar su proyecto político. «No tiraré la toalla», remarcó. Es por ello que, para paliar las críticas tanto de la oposición como de sus propios aliados, Sánchez presentó el 9 de julio un plan anticorrupción que, entre otras medidas, incluye la creación de una agencia independiente anticorrupción, la obligación de someter a auditorías externas a los partidos, la protección de los denunciantes, la agilización de la respuesta judicial a las prácticas corruptas, la incautación de bienes robados y el uso de inteligencia artificial para detectar «indicios de fraude» en la plataforma de adjudicación de contratos públicos.
Petro y los escándalos que han mermado su aprobación
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, actualmente lidia con una serie de problemas entre conflictos internos con su gabinete, los múltiples hechos de violencia en el país y hasta un supuesto intento de derrocamiento por parte de su excanciller. Y la corrupción también ha estado presente con varios casos que han mermado su aprobación ciudadana. En 2024 se denunció el robo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Todo estalló luego de que se descubriera la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua al desértico departamento de La Guajira.
El escándalo creció luego de que el ex subdirector de Manejo de Desastres de la entidad, Sneyder Pinilla, denunciara el pago de millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal), con el fin de que se aprobaran en el Congreso las reformas sociales presentadas por el Gobierno. En el centro de todo está Olmedo López, un político de izquierda que entre abril de 2023 y febrero de 2024 fue director de la UNGRD. Pinilla también mencionó a la entonces consejera Presidencial para las Regiones de Colombia, Sandra Ortiz, que también hace parte de la Alianza Verde, a quien acusó de ser «mensajera» para la entrega del dinero a Name en maletas negras repletas de billetes de 50.000 y 100.000 pesos. Tras develarse este hecho, la funcionaria renunció al cargo, aunque insistió en su inocencia. Por otro lado, el Ejecutivo colombiano es objeto de una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral de ese país (CNE) sobre supuesta violación de los topes de gasto en la campaña presidencial de 2022, donde Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente izquierdista de la historia. De acuerdo con la indagatoria, la campaña habría decidido «omitir el reporte» de algunos gastos para propaganda electoral, no informó aportes de un sindicato de maestros ni de un grupo de trabajadores de la petrolera estatal Ecopetrol y no dejó registros de pagos a testigos electorales durante las votaciones. El Mandatario colombiano, no obstante, cuestiona la investigación pues algunos magistrados del CNE son cercanos a partidos de la oposición.
Ya en febrero de 2025, otro caso golpeó al gobernante: su posible vínculo con Diego Marín Buitrago, alias «Papá Pitufo», considerado el «zar del contrabando» en Colombia. De acuerdo con una investigación periodística, el estratega político catalán Xavier Vendrell, cercano a Petro, obtuvo durante la campaña unos 120.000 dólares en un maletín de Buitrago. Gustavo Petro reconoció que inicialmente desconocía de estos movimientos, pero cuando se enteró le ordenó a Vendrell devolver los fondos y «grabar» un video «como prueba». «A través de Xavier, el ‘Papá Pitufo’ intentó infiltrar la campaña y ordené devolver esos dineros (…). Di orden expresa de no recibir donaciones de (…) nadie de quien pudiéramos sospechar actividades oscuras», respondió el Mandatario izquierdista.
La situación de Lula y Orsi
Sindicado como el gran líder del progresismo regional, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado en 2017 a 12 años de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco del caso Lava Jato. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) pasó 580 días en prisión y fue liberado luego de que la justicia anulara su pena por defectos procesales. Durante su estadía en prisión, Lula no pudo presentarse a los comicios presidenciales de 2018, los que fueron ganados por Jair Bolsonaro. El 8 de marzo de 2021, y tras la denuncia de una serie de irregularidades en torno a la investigación liderada por el juez Sérgio Moro (que luego se convertiría en ministro de Justicia de Bolsonaro), el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas por defectos procesales.
Quince días después, la corte dictaminó que el juez Moro actuó de forma parcial en su condena contra Lula. Con esta resolución, el líder izquierdista pudo participar en las elecciones de 2022, donde derrotó a Bolsonaro, quien actualmente está siendo investigado por un supuesto intento de golpe de Estado contra su adversario. Por su parte, Yamandú Orsi ha debido enfrentar algunos casos a menos de cinco meses de su llegada al poder en Uruguay. El primero fue el de Cecilia Cairo, quien renunció a su cargo de ministra de Vivienda luego de que se descubriera que no regularizó la propiedad en la que vive y no ha pagado los impuestos correspondientes. Semanas después, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, también dio un paso al costado tras revelarse que no había regularizado la ampliación de su casa de veraneo en el balneario de Solís. Finalmente, Alejandra Koch debió dejar la Administración Nacional de Puertos al ser cuestionada por aprobar un ascenso a su marido, su chofer y al menos tres funcionarios de su confianza, según reveló Infobae.
Fuente: Emol.come-casos-corrupcion.html
