Documento licencia médica (imagen referencial).
Un rechazo transversal ha generado el informe de Contraloría que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras tenían una licencia médica, entre 2023 y 2024. En respuesta a esta polémica, el Ministerio de Hacienda anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, que buscará coordinar acciones, establecer lineamientos y promover buenas prácticas orientadas a la prevención y reducción del ausentismo en la Administración Pública.
En el Congreso también hubo repercusiones. El diputado Felipe Donoso (UDI) anunció que solicitará que se cite al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la comisión de Hacienda, para que «explique cómo va a perseguir los fondos» de los funcionarios que viajaron al extranjero. Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) dijo a EmolTV que a su juicio, hay tres tipos de responsabilidades comprometidas que se deben investigar: «Hay responsabilidades administrativas, son funcionarios públicos, debieran ser destituidos por falta a la probidad; en segundo lugar, hay una responsabilidad civil, tienen que devolver los dineros mal habidos; y tercero, hay una responsabilidad penal». En tanto, el senador y miembro de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), ayer se reunió con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, para conocer las medidas que tomará el organismo. En ese sentido, Letelier expresó la «máxima disposición» para proteger los fondos públicos, pero acotó que para activar las acciones legales se requiere que los distintos servicios donde trabajan esos funcionarios inicien los respectivos sumarios administrativos. Responsabilidad administrativa En efecto, fue el miércoles cuando la directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), Javiera Martínez, anunció que la cartera instruyó a los servicios públicos que, en un plazo de 72 horas, se inicien los sumarios a los funcionarios que hicieron mal uso de licencias médicas. Ese plazo vence la noche de este viernes.
La medida, busca además que no sólo se realicen las medidas disciplinarias que correspondan, sino que también se inicien los reitengros de esas licencias médicas que terminaron en viaje fuera del país. Respecto a las sanciones de los funcionarios que estarán bajo sumario, el ex presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, comenta que «depende bastante de lo que (los organismos) quieran hacer, porque con los sumarios hay una infracción absoluta, entonces si quieren dar medidas ejemplificadoras podrían hacerlo; de momento, mientras hacen el sumario los pueden suspender, y después, para los casos más graves, en caso que no tengan ninguna atenuante, los pueden despedir». De todas maneras, Leturia subraya que todo depende de quién haga el sumario: «los sumarios son súper manejables, cuando uno sabe a quién le pasaron el sumario, ya sabe básicamente cuál es la sanción que se va a proponer». Por su parte, Julián Ortiz, académico de la Escuela de Administración Pública UDP, añade que «lo importante es que la responsabilidad es personal y la sanción debe provenir de un procedimiento administrativo particular». Esto, porque «no existen los procesos generales y cada uno de los 25.000 funcionarios tiene derecho a un procedimiento administrativo propio». Responsabilidad penal En cuanto a las responsabilidades penales, los expertos consultados distinguen en las que pueden recaer, esencialmente sobre los médicos que emitieron esas licencias médicas y, eventualmente, la de los funcionarios, aunque el escenario es más complejo.
Gustavo Beade, abogado penalista de la U. Austral, sostiene que en el caso de los médicos, habría que identificar primero se is trata de una «red que estén dando licencias falsas». En cuanto a los riesgos para los funcionarios, Ortiz comenta que «en materia penal, la configuración de un delito de fraude al fisco requiere que el autor del delito defraude al Estado interviniendo en razón de su cargo, lo que no parece ser parte de esta situación, pero eventualmente si podría existir un uso fraudulento de instrumento público». Otra configuración posible, a juicio del abogado de derecho penal, Jorge Cabrera, socio del estudio Winter Etcheberry, comenta que podría existir fraude de subvenciones, en el caso de que «se hubieran obtenido efectivamente, y de forma engañosa, prestaciones del Estado, en el caso de las personas que estuvieran aseguradas con Fonasa, y también podría ser constitutivo del delito de fraude de seguro, en el caso de que sean personas aseguradas por isapre; todo esto, en el entendido de que quienes pagan las prestaciones son entidades distintas». El abogado precisa que la penalidad de todos los delitos de fraude está establecida en el artículo 467 del Código Penal, y esto dependerá directamente del monto de fraudados. «Es un rango de pena bastante amplio que tiene hasta los cinco años, sin embargo, es improbable que se llegue a eso, porque tendrían que llegar a unas 40 mil UTM, lo que en estos casos de licencias médicas, sería inviable», subraya. Responsabilidad civil Ortiz comenta que todas las sanciones previas antes descritas, «podrían ser antecedentes de una responsabilidad civil posterior en donde el Estado solicite el reintegro de las sumas percibidas». Esas sumas tendrán que determinarse en cada caso en particular, pero hasta ahora ahora, resulta evidente que este tipo de acciones trae perjuicio fiscal. De acuerdo a la Dipres, al proyectar el gasto fiscal en materia de reemplazos y suplencias, este asciende a US$350 millones solo en 2024. Según datos de Horizontal -centro de Estudios ligado a Evópoli-, solo en 2023 el gasto de Fonasa en licencias médicas para trabajadores del Estado superó los US$1.540 millones. «El 52,1% del gasto se destinaría a funcionarios del Gobierno Central y 47,9% a el resto de los trabajadores del sector público, excluyendo a las Fuerzas Armadas», señala el documento.
Fuente: Emol.com
