Catalina Pérez en su audiencia de formalización.
Pese a que el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, había solicitado aplicar la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva, la jueza Claudia Campusano optó por una medida menos gravosa, además de arraigo nacional y 45 días para la investigación.
Fue el pasado 7 de abril cuando la Corte Suprema ratificó el desafuero de la parlamentaria y expareja del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, lo que permitió que la Fiscalía fijara la fecha de su formalización para imputarle tres delitos de fraude al fisco. El persecutor sostuvo en la audiencia y al término de esta que «Pérez se puso de acuerdo con el imputado Carlos Contreras y Daniel Andrade, para que fuera favorecida la Fundación Democracia Vivas con tratos fiscales del Programa Asentamientos Precarios; en concreto, tres convenios, por la suma total de $426 millones, causando perjuicio al Estado». Asimismo, indicó que, el tribunal interpretó todos los argumentos entregados por la Fiscalía «de forma coherente, armónica y lógica, que permiten concluir que la diputada Catalina Pérez tuvo participación como autora de tres delitos de fraude al fisco consumados». Consultado por las eventuales maniobras de ocultamiento que se plantearon durante la audiencia, el persecutor dijo que éstas estuvieron relacionadas con «las conversaciones de WhatsApp en que Pérez le indica a Andrade que lo que hay que hacer es realizar actos para hacer aparecer o aparentar que ese inmueble (en Ñuñoa) correspondía efectivamente al domicilio de la fundación, de modo de cuando los medios de comunicación asistieran a aquél, se diera cuenta que correspondía a Democracia Viva, cuando eso no era efectivo». Respecto al rol de Pérez, el fiscal detalló que «tenía un rol activo de dirección en todo lo que decía relación con la forma en que se debía actuar para efectos de ocultar la comisión de este delito, y consecuencialmente, un rol que la vinculaba en la dirección, por decirlo de alguna forma». En esa línea, recordó que Carlos Contreras fue asesor y jefe de Gabinete de Pérez, y que Andrade era su pareja, y ella era a quien este último consultaba «para tomar decisiones». Por su parte, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, comentó que «el tribunal tuvo por acreditado la existencia de los tres delitos de fraude al fisco; también tuvo por acreditada la participación de la imputada de acuerdo a la participación que el Ministerio Público le atribuyó, esto es, autoría conforme al artículo 15° número 3 del código penal». Este último artículo plantea que «se consideran autores los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él». «Luego, además, el tribunal estimó que la libertad para la imputada constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, y además añadió que también lo era para la investigación», cerró el persecutor regional.
Fuente: Emol.com
