Este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal en contra de la empresa regional Construmaq, dedicada a la construcción y arriendo de maquinaria, por su presunta participación en un delito tributario. La querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas al día siguiente, y se extiende a todas las personas que resulten responsables.
La acusación se centra en la falsificación de facturas electrónicas emitidas por tres supuestos proveedores, lo que habría generado un perjuicio fiscal de $84.940.539. Según el SII, la empresa utilizó 15 facturas falsas entre agosto de 2018 y marzo de 2019 para declarar créditos fiscales ficticios, lo que les permitió reducir de manera ilícita el monto del Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) que debían pagar al Estado.
El SII, tras una exhaustiva investigación, determinó que las facturas emitidas por los tres proveedores correspondían a operaciones falsas. Las empresas emisoras de las facturas no tenían los recursos ni el personal necesario para realizar los servicios facturados, que incluían trabajos de construcción, albañilería y otras obras menores. Además, no registraban compras de materiales, ni vehículos para el traslado de estos, y los domicilios declarados eran de uso habitacional, lo que evidenció la inexistencia de las operaciones.
El SII también constató que los proveedores se encuentran en la nómina de emisores agresivos, un grupo de contribuyentes que emiten facturas por operaciones ficticias para traspasar crédito fiscal falso a los receptores de los documentos. Ninguno de los tres proveedores declaró impuesto a la renta entre 2019 y 2022 ni presentó las declaraciones juradas anuales obligatorias.
La investigación está a cargo del fiscal jefe Sebastián González Morales, quien solicitó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chile realizar diversas indagaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades involucradas.
El SII acompañó la querella con un Informe de Recopilación de Antecedentes actualizado a marzo de 2024, elaborado por el Departamento Regional de Fiscalización de Punta Arenas. La investigación seguirá su curso con el objetivo de sancionar a los responsables de este fraude tributario que afecta a las arcas fiscales.
