De presunta desgracia a cuasidelito de homicidio. La Fiscalía dio un giro en la investigación por la tragedia del Hércules C-130 que cayó en el Mar de Drake con 38 pasajeros el pasado 9 de diciembre.
La investigación del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, detectó dos desperfectos en la aeronave, que fueron avisados por la tripulación cuando el Hércules C-130 arribó de Santiago a Punta Arenas, previo a partir rumbo a la Antártica, destino al cual no llegó.
Estos desperfectos fueron detallados por la Fuerza Aérea de Chile en un oficio reservado. Allí, según cita El Mercurio, reportó que el cabo primero Leandro Torti, especialista en electrónica aérea que falleció en el vuelo, llamó a los efectivos de mantenimiento en Santiago para que revisaran si habría un repuesto para el actuador del oil cooler flap debido a que «el actual presentaba una falla».
La FACh detalló en el documento que cada motor del avión tiene uno de esos dispositivos que sirven para regular el flujo de aire que pasa por el radiador que enfría el aceite de motor en forma manual o automática.
Le indicaron al cabo Torti que no había repuesto. La solicitud fue replicada por el sargento primero Francisco Aguirre, también fallecido en el accidente, pero recibió la misma respuesta.
En el oficio, la FACh asegura que «la operación de la aeronave con el oil cooler flap inoperativa está permitida, tal como señala la documentación técnica del avión de uso común entre los operadores del C-130 internacional».
El segundo desperfecto apunta a una «falla en la indicación de cantidad de combustible en el estanque Número 1 y Número 4«, se logró revisar el primero, sin embargo, faltó el cuarto estanque, pero según la FACh, «la operación de la aeronave con desperfecto en un indicador de cantidad de combustible está permitida, según lo señala la documentación técnica del avión».
El informe también detallaba que el avión llevaba dos bultos de «mercancía peligrosa», materiales para realizar una serie de trabajos en la base Antártica.
Los bultos tenían 25 tinetas de 18 litros de pintura, 59 galones catalizador componente B, 30 galones de anticorrosivo, 22 bidones de cinco litros de diluyente, tres galones de esmalte sintético, 12 tapagoteras, buzos desechables y otros elementos.
Ante estos antecedentes, el 29 de enero la Fiscalía cambió la investigación por «cuasidelito de homicidio» y solicitó asistencia a Estados Unidos para contactar a la empresa Loockheed Martin con el fin de que entregue información sobre la aeronave fabricada en 1978 y que en 2015 arribó a Chile.
Allí pretenden determinar la «autonomía de vuelo», «capacidad de estanques de combustible», «cuidados de mantención y revisiones técnicas», «informar si Chile reportó incidentes/accidentes de aeronaves de este tpo al fabricante» y «la obligación/necesidad del fabricante de capacitar al adquirente de la aeronave para su mantenimiento».
«A juicio del Ministerio Público, los hechos investigados configuran cuasidelito de homicidio, en grado de desarrollo consumado, encontrándose pendiente la determinación de él o los imputados«, argumentó en el documento el fiscal Campos.
Así, el 1 de febrero el persecutor solicitó «de forma urgente» a la PDI ubicar a cinco miembros de la FACh que tuvieron contacto con la tripulación al momento de solicitar los repuestos.
El abogado Maximiliano Delgado, que representa a 15 familias, sostuvo que «nuestras tesis, en todos los casos, apuntan a responsabilidad de la institución, pues los factores que propiciaron esta tragedia se refieren a factores ajenos a la tripulación, con operaciones de vuelo no militares en una aeronave militar, contrario a lo que refiere la máxima autoridad de la FACh que lo cataloga como vuelo militar, altamente riesgoso».
