Serían, al menos, cuatro casos constitutivos de penas de crimen en que Rigoberto Marín solicitó dineros para asegurar calidad en la defensa de sus representados o bien para realizar diligencias paralelas, como peritajes particulares, para lo que cobraba sumas millonarias. Según expuso el Consejo de Defensa del Estado, sería un caso primerizo en el país de la comisión de delitos de cohecho por parte de un defensor penal público, afectando al sistema de justicia en su conjunto.
El primero de julio del año pasado, el imputado Rigoberto Marín Andrade asumió como defensor público de Puerto Natales, manteniendo su oficina de atención al público en la Defensoría Penal Pública y siendo el único abogado para dicha comunidad, lo que implica que todo aquél que haya cometido delitos en Natales y no pudiera optar a abogado particular tenía que ser defendido por Marín.
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL.
